12º-19º
lunes | 20 mayo | 2024
La Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) levantó ya en 2021 acta de inspección sobre una nave industrial en construcción, existente en suelo rústico en las inmediaciones del polígono industrial de Cabanelas. A pesar de ello, en un documento, posterior, el de propuesta de la modificación puntual número 5 del PXOM que afecta también a esas parcelas, y que está firmado en marzo de 2022, se explicita que “o ámbito carece de edificacións”.
El Concello planteó en septiembre de este 2023 la aprobación plenaria del cambio urbanístico, pero entonces, la oposición ya había alertado de “posibles irregularidades”, al advertir que la documentación no partía de la realidad de los terrenos cuya catalogación pretende modificarse.
De hecho, diversas fuentes confirman que la nave sigue en pie, a pesar de no figurar en los documentos que el Concello encargó elaborar a una empresa externa y que llegó a presentar, por ejemplo, ante la Consellería de Medio Ambiente, para someter la modificación al obligado trámite ambiental, que superó.
Según documentación a la que ha tenido acceso este Diario, el acta levantada ya en 2021 por la APLU derivó posteriormente en el inicio de un expediente de reposición de la legalidad que se resolvió en enero de este 2023, declarando que esas obras “executadas en solo rústico”, “non son legalizables por seren incompatibles co ordenamento urbanístico”. La misma resolución ordena a la empresa responsable la “demolición das obras de construción de nave industrial e obras de urbanización”, con la reposición de los terrenos afectados al estado anterior al inicio de obras, “así como o cese definitivo dos usos aos que desen lugar”.
La APLU dio un plazo de tres meses para la demolición, con apercibimiento de ejecución subsidiaria o forzosa mediante imposición de multas coercitivas para hacer cumplir el sentido de la resolución de derribo. Además, dio traslado de los hechos al Ministerio Fiscal, “aos efectos de esixencia de responsabilidades de orde penal en que puideran incorrer os infratores”.
A mayores, la APLU recoge que las obras de construcción de la nave “carecen de licenza urbanística municipal” y que parte de los terrenos ocupados son “solo rústico de especial protección de interese agropecuario”, donde esta construcción supone un “uso prohibido”.
La empresa llegó a alegar, argumentando incluso que el Ayuntamiento tenía en marcha, justamente, la modificación puntual que se intenta aprobar ahora en Pleno para cambiar los usos permitidos en este ámbito, lo que permitiría su legalización. Pero la APLU desestima ese argumento: “Unha posterior modificación do plan terá que aprobarse para producir efecto”. “Os propios alegantes recoñecen que se atopa en tramitación, polo que dificilmente se pode aplicar unha clasificación futura”, evidencia la entidad autonómica. La APLU refuerza su tesis presentando además jurisprudencia, del TSXG: “Un futuro plan en trámite no puede servir de amparo a una pretensión anulatoria de una resolución que ordena la demolición de unas obras”. La resolución de la APLU agota la vía administrativa, pero es susceptible de recursos.
