Los sindicatos CIG y CSIF expresaron ayer su “repulsa” por el indulto parcial concedido al constructor que en 2012 retuvo y zarandeó  a la arquitecta municipal de A Illa. Es más, el primero ha remitido una carta al Gobierno central al considerar que “envía un peligroso mensaje de impunidad a la sociedad frente a las agresiones a los empleados públicos”. 
La decisión del Ejecutivo central se dio a conocer el lunes, mediante la publicación del Real Decreto en el BOE y tampoco le parece justo al exalcalde y testigo de los hechos, Manuel Vázquez. El isleño lo calificó de “inxusto”, cree que se debería dar una explicación y que sienta un precedente “de que calquera pode ir a unha administración e facer o que queira”, contestó a preguntas de Radio Arosa. Y es que, como él mismo recordó, el propio constructor, Juan Manuel Chaves Daporta, “recoñeceu os feitos”; unos hechos que consistieron en retener a la técnico en su despacho, además de zarandearla y amenazarla y que obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad. 
El empresario fue condenado a cuatro años de prisión, pero el Gobierno central le ha concedido el indulto parcial, conmutándole la pena de tres años por detención ilegal por otra de un año de privación de libertad y otros dos de multa, a razón de dos euros diarios. 
Para el CSIF, sindicato mayoritario en las administraciones públicas, “es lamentable” y ha enviado una carta de “enérgica protesta” al Gobierno central porque “supone dar un paso atrás en la lucha contra las agresiones” a este colectivo y además, “con el agravante” de que se trató a una mujer, que son las que más sufren este tipo de episodios (un 52% frente aun 36,5% de los hombres) porque “son mayoría y por su mayor vulnerabilidad”. 
Así lo indicaron en un comunicado en el que también exponen que a los trabajadores ya les cuesta denunciar y que “es escandaloso” que luego se indulte, además de que “envía un peligroso mensaje de impunidad” frente a las agresiones que, según un informe suyo, se producen, por lo menos, una diaria. Esto sucede, dicen, por la “campaña de desprestigio” a la que someten al colectivo haciéndoseles “responsables en parte de la crisis, por el supuesto exceso de plantillas y poniendo en duda su profesionalidad”. Así, exigen al Ejecutivo de Rajoy y a la Xunta que activen un protocolo nacional y a los trabajadores se les dé estatus de autoridad pública, como sucede con las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que su testimonio pueda ser usado como prueba, además de poner en marcha una campaña de sensibilización. 
La CIG también rechazó la decisión sobre todo cuando “quedou demostrado que atentou contra a integridade física e psíquica” de la arquitecta.