Tras estudiar con calma el convenio firmado en 2006 por Telmo Martín con el Arzobispado de Santiago, el BNG no encuentra los beneficios que éste tiene para Sanxenxo y que el candidato del Partido Popular defendía tras conocerse que el Concello abonó a la Iglesia Católica más de 900.000 euros por la compra de tres parcelas en las que estaba previsto construir vivienda social, que finalmente no llegaron a hacerse.
El portavoz del BNG, David Otero, sostiene que en este convenio “Telmo Martín utiliza a demanda social da vivenda pública para xustificar un pelotazo urbanístico a favor da Igrexa”.
Otero insiste en que el convenio fue firmado “a medida exclusivamente dos intereses da Igrexa. O Concello non obtivo ningún beneficio. Utilizou como coartada a construcción de vivenda para xóvenes, un engano que se iniciou coa creación da empresa fantasma Insula Sanxenxo, que nunca chegou a elaborar nin un só proxecto, nin a promover vivenda algunha”.
Para el nacionalista, el único mérito del entonces alcalde y ahora candidato del PP fue “xogar coa necesidade da vivenda sendo o único resultado tanxible que moitas persoas do noso concello tiveron que ir buscar vivenda en municipios limítrofes, como Meaño ou Ribadumia, ante a imposibilidade de poder acceder a unha en Sanxenxo”.
Insiste David Otero en que, los más de 900.000 euros abonados por el Concello de Sanxenxo al Arzobispado, unido a los desembolsos derivados de otras sentencias urbanísticas “explican o grave deterioro da situación económica do Concello”.
Cabe recordar que el convenio incluye un informe técnico municipal que avala la idoneidad de las parcelas adquiridas, que en su conjunto alcanzaban un precio  de 1,5 millones de euros, para la construcción de vivienda social.
Telmo Martín achaca a su marcha a Pontevedra el hecho de que no estén todavía construidas, pero destaca que el valor de mercado de la superficie que adquirió en su momento era muy superior al pactado en su día. De ahí que el exalcalde justifique las “ventajas para el Concello de Sanxenxo”.
La compra iba sujeta a unos condicionantes. Por ejemplo, la obligación del Concello de modificar el PXOM para que la casa rectoral pudiese construirse junto detrás del Templo Nuevo, unos trabajos que serían financiados por el Concello como parte del pago de las cantidades que quedaron adeudadas, además de asumir el control técnico sobre los mismos.
Un informe externo solicitado por el actual Gobierno local determina que el convenio ya no está en vigor al haber más de un incumplimiento. Por ello, la alcaldesa confirmaba estos días que los servicios jurídicos municipales han dado ya los primeros pasos para reclamar a la Iglesia la devolución de los 900.000 euros abonados, entre los que se encuentran alrededor de 200.000 destinados de la reparación del tejado del templo, así como la reversión de las parcelas. Un movimiento que Telmo Martín, en caso de llegar a la Alcaldía, posiblemente no continúe.