La crisis que mantiene el Popular fue promovida por unos pocos en contra de una masa de ciudadanos en un festín sin precedentes en la banca española. Hubo muchos abusos y quien debía corregir, mirar y velar por los inversores no lo hizo. Dieron por válidas las cuentas sin comprobar su correcto estado; solo imperaba el criterio de la compañía responsable de su auditoría. Bajo esta premisa se creó una ocultación de datos que llevó a la quiebra a una entidad.
Como dijo la presidenta del Santander: “Es una buena oportunidad en un buen momento”. Tiene toda la razón, se le puso en bandeja una entidad por la suspiraban muchas otras, tanto españolas como extranjeras y tuvo que ser un ex directivo del banco santanderino quien llevó a cabo la operación en una completa ocultación de datos hacia sus accionistas, más de 300.000. De modo que las demandas no dejarán de hacerse un hueco contra la cúpula del banco expropiado, cuyos responsables son Ángel Ron y Emilio Saracho, los cuales tendrán que responder a los motivos y circunstancias por los que se fue al garete.
Todo el mundo sabía que la apuesta por el mercado inmobiliario fue la mayor pesadilla del Popular, que sufrió sonados fracasos que fueron los que lastraron la marcha de la entidad. Ahora bien, tenía un punto fuerte, era el mayor banco con presencia de pymes en sus cuentas y también de donde procedían sus mejores beneficios. El Santander adquirió una buena presa, acompañada del Pastor, líder en el mercado financiero de Galicia. De modo que el banco cántabro no tardó en hacer caja al vender el 51% del paquete inmobiliario del Popular en 30.000 millones, una garantía más que suficiente para evitar la bancarrota. A cambio el Santander invirtió 12.000 millones en reflotar la entidad, con lo cual le quedan de beneficio al banco liderado por Patricia Botín 18.000 millones; el negocio es redondo.
Lo complicado es saber qué tejemaneje se hizo en la Comisión Europea para que el organismo que llevó a cabo esta solución de interinidad alevosa para los accionistas, se niegue a hacer públicos los documentos con sus resoluciones, los cuales tendrán que ser puestos a disposición judicial cuando se reclamen por esta vía. Hay muchos inversores atrapados en un papel que ahora es decorativo y un tribunal tendrá que decidir quién es el responsable y si dichos tenedores van a recibir alguna compensación. La presidents del banco santanderino había anunciado que solo serían los accionistas de la última ampliación los que recibirían un bono a siete años, pero tendrían que renunciar a las acciones legales que les correspondiesen. Tanta validez tiene una acción del Popular comprada en el Mercado de Valores, como de una ampliación. ¿Cuál es la diferencia para otorgar y retirar derechos a los accionistas?
La responsabilidad no es del Santander por hacerse con una entidad que tiene todos los visos de haber sufrido un boicot, sino a qué han venido las masivas retiradas de fondos unos días antes y por medio de rumores de que el Popular podía tener problemas de liquidez, cuando hacía unos meses que se sacaba al mercado una ampliación de capital de 2.500 millones. Se espera que la explicación sea amplia y convincente.