La Comisión Europea (CE) confirmó ayer que ya recibió la propuesta de España y Portugal para limitar el impacto del gas en el mercado eléctrico y abaratar la factura de la luz y la estudiará “con urgencia” mientras continúan los “contactos técnicos” entre Bruselas, Madrid y Lisboa.

“La Comisión ha recibido ahora información de las autoridades españolas y portuguesas, que evaluará lo antes posible. Sobre la base de la información proporcionada por España y Portugal, los contactos continuarán a nivel técnico”, declaró la portavoz comunitaria de Competencia, Arianna Podesta.

El Ejecutivo comunitario “mantiene su compromiso de evaluar con urgencia si las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad propuestas por España y Portugal se ajustan tanto a las normas sobre ayudas estatales de la UE como a la ley del mercado interior de la energía, en el marco del acuerdo político en principio alcanzado en el pasado semanas”, agregó.

Tras meses de presión liderada por España para intervenir el mercado eléctrico y abaratar la factura de la luz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró que los Veintisiete dieran el visto bueno a una “excepción ibérica” en el Consejo Europeo del día 25 del pasado mes de marzo.

Madrid y Lisboa quedaban a expensas de trabajar la propuesta a nivel técnico y enviar los detalles a la Comisión, que tenía que validar el mecanismo para limitar el precio al que se refleja el gas en el mercado eléctrico peninsular.

La vicepresidenta española Teresa Ribera y el ministro portugués de Medioambiente y Acción Climática, José Duarte Cordeiro, se reunieron el 26 de abril en Bruselas con la vicepresidenta comunitaria responsable del área de Competencia, Margrethe Vestager, y al término de la cita anunciaron que habían alcanzado un “acuerdo político” para aplicar la excepción ibérica durante al menos un año. Las líneas maestras del acuerdo fijaban un precio máximo del gas que empezaría en cuarenta euros por megavatio y hora (MWh) las primera semanas, para subir progresivamente hasta unos cincuenta euros MWh.

El objetivo era que la Comisión validara el sistema para que pudiera llegar al Consejo de Ministros del 3 de mayo en España, pero la propuesta se envió más tarde, lo que retrasa los plazos.