La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró ayer que el Gobierno “ni está considerando, ni va a considerar” ninguna medida de carácter expropiatorio en materia de vivienda. Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la titular de Transportes respondió a la pregunta del diputado del Partido Popular Mario Garcés, quien subrayó que en el Gobierno son “unos meros replicantes y ejecutores de las políticas de los demás”. 

Tras ser preguntada sobre si el Ejecutivo está considerando poner en marcha medidas para expropiar viviendas en España, Sánchez negó que dichas medidas se vayan a poner en marcha, en tanto que destacó que “al Partido Popular solo se le recuerda por llevar al mínimo la inversión en políticas de vivienda, por reducir el plazo de prórrogas automáticas en los contratos de alquiler”. En esta línea, la ministra de Transportes destacó que lo que está haciendo el Gobierno es “darle la vuelta, sentar un nuevo modelo a las políticas de vivienda en este país, aprobando la primera ley de vivienda de la historia de la democracia”.

Aprobación definitiva 

Del mismo modo, el proyecto de ley, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar el precio del alquiler, recibió ayer su aprobación definitiva en el pleno del Senado tras un debate marcado por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La ley de vivienda, que  tardó más de tres años en ver la luz, salió adelante sin modificaciones en el texto que llegó del Congreso y con los votos a favor del PSOE, ERC, EH Bildu y partidos de la Izquierda Confederal (134 votos a favor, 117 en contra y un abstención). En contra votaron, entre otros, el PP, PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN, que sostienen que la nueva norma invade competencias, genera inseguridad jurídica, no va a bajar los precios del alquiler, permite la ocupación ilegal, desincentiva la puesta en arrendamiento de viviendas y supone injerencias en la propiedad privada.

Raquel Sánchez hizo hincapié en que esta ley “no va contra nadie” y ofreció “colaboración” a promotores inmobiliarios y propietarios privados, mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, se comprometió a hacerla cumplir “hasta la última coma”. La líder de Podemos aseguró que es fundamental que se aplique en toda la amplitud que tiene el texto para que se puedan regular los precios del alquiler en las ciudades, en las zonas tensionadas, para que se pueda ampliar el parque público de vivienda y para que las viviendas vacías puedan salir al mercado de alquiler aplicando las recargas del IBI. Así, afirmó que era un día muy importante para la democracia española porque se empieza a hacer efectivo un derecho que estaba en la Constitución pero que desde hace décadas no tenía una legislación que lo garantizara.