Fiscalía acusa a la diputada de ERC en el Parlament, Meritxell Serret, de presunta desobediencia grave por ayudar a la organización y celebración del referéndum del 1-O, por lo que pide una multa de 12.000 euros y una inhabilitación de un año.

En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, han explicado que Serret, quien era consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación desde finales de enero de 2016, "plenamente consciente de la notoria ilegalidad de su proceder" intervino en algunas decisiones para garantizar la realización del referéndum.

Serret huyó a Bélgica, pero en marzo de 2022 se personó ante el juez Pablo Llarena en Madrid, quien envió el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El 9 de junio de 2017, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, presentaron la pregunta que se iba a formular en el referéndum, y en el acto fueron "acompañados y respaldados" por miembros del Govern, entre las que se encontraba Serret.

En el mismo escrito, se relata que el 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse en el Parlament la celebración del referéndum, "la totalidad de los integrantes del Govern --presidente, vicepresidente y 12 consellers--, desatendiendo nuevamente los requerimientos del Tribunal Constitucional y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la iniciativa, firmaron el decreto de convocatoria del referéndum".

"La acusada conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional, y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos", ha subrayado la Sala.