La Xunta ha aprobado este jueves el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el que pretende "agilizar y facilitar" los procesos pendientes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) aprobada en mayo, un total de 10.300 plazas, para convocarlos antes de finalizar el año y resolverlos en 2023.

Así lo ha explicado, el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, quien ha recordado que la oferta pública de empleo es de 10.300 plazas, de las cuales más de 8.000 serán por concurso de méritos y otras más de 1.600 por concurso oposición.

El proyecto, que ha sido negociado con los sindicatos estas últimas semanas, según el vicepresidente primero, será remitido ahora al Parlamento para su tramitación que será por vía de urgencia.

Conde ha presidido hoy por primera vez el Consello de la Xunta debido a la ausencia del titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que se encuentra de visita oficial en Argentina y Uruguay.

Durante la rueda de prensa, Conde ha explicado que este proyecto se enmarca en la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público del Gobierno central, para impulsar la estabilización de los empleados públicos y reducir la tasa de temporalidad por debajo de un 8 %.

Con el objetivo de agilizar la resolución de oferta pública de plazas, ya a lo largo del año que viene, habrá la posibilidad de nombrar una o varias comisiones de valoración en los de concurso o la opción de aprobar bases comunes para aplicar en los distintos procesos.

Desde la Xunta, han destacado que Galicia es la comunidad con una menor tasa de temporalidad en el empleo público, un 26,4 %, cuando la media de toda España es del 36,4 % e incluso hay alguna comunidad que alcanza el 40 %.

Por otra parte, ante la petición de medidas "más ambiciosas" a la Xunta desde el Foro Económico de Galicia, que ha presentado este jueves su informe sobre el tercer trimestre, ha apuntado que las medidas que necesita el tejido industrial gallego "no están reflejadas" en los presupuestos generales del Estado que son una "decepción importante".

Conde ha derivado la responsabilidad al Gobierno central y ha reclamado que en la tramitación de estos presupuestos, que nacen "ya caducos", se pueden introducir medidas para ayudar al tejido productivo y haya una "rectificación" de su impacto en Galicia.

En este sentido, ha advertido que en Galicia hay "enormes dificultades" a nivel industrial, con las empresas electrointensivas "paradas o deslocalizadas" por la "falta de una política energética que responda a las necesidades del tejido productivo" lo que es "una responsabilidad del Gobierno".

Por el contrario, ha afirmado que la Xunta incluye en su presupuestos medidas para que la industria pueda hacer frente a esta situación, desde el punto de vista de la financiación, inversiones industriales y ahorro y eficiencia energética, para que el impacto de la crisis sea "el menor posible" en la economía gallega.

Conde también ha destacado, en otro orden de cosas, que ya se supera la cifra de 70.000 gallegos con la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 que se va a empezar a administrar a las personas entre 80 y 84 años, mientras que se adelantará la citación para las de 70 a 79, y se dará "todo tipo de facilidades" para vacunarse con la repesca de los mayores de 85 años en los centros de salud.