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jueves | 24 abril | 2025
El pasado 14 de abril de 2025, dio inicio en Washington D.C. un trascendental juicio antimonopolio que enfrenta a la Comisión Federal de Comercio (FTC) con Meta Platforms, la corporación tecnológica que engloba a gigantes de las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp.
Presidido por el juez James Boasberg, este litigio se erige como un potencial punto de inflexión para el futuro de Meta y para la manera en que se regula la competencia en el dinámico sector de la tecnología.
La acusación principal formulada por la FTC es que Meta ha consolidado y mantenido de manera ilícita un monopolio dentro del mercado de las redes sociales, valiéndose para ello de la adquisición estratégica de competidores que representaban una amenaza para su dominio, siendo Instagram y WhatsApp los ejemplos más destacados de esta estrategia.
En el epicentro de este litigio se encuentra la figura de Mark Zuckerberg, el carismático CEO de Meta, cuyo testimonio y, de manera aún más reveladora, sus comunicaciones internas, han adquirido una relevancia crucial para dirimir el caso.
La estrategia de la FTC se basa en gran medida en demostrar ante el tribunal que Zuckerberg y otros altos ejecutivos de Meta implementaron de forma sistemática una táctica conocida como "comprar o enterrar" a aquellos competidores que emergían con potencial para desafiar su hegemonía en el espacio digital.
La Comisión Federal de Comercio ha articulado una serie de argumentos centrales para sustentar su acusación contra Meta. En esencia, la FTC alega que Meta ha perpetuado un monopolio ilegal en el denominado mercado de "redes sociales personales" durante un extenso período, utilizando para ello una conducta calificada como anticompetitiva.
La atención principal de la FTC se centra en dos adquisiciones de alto perfil: la de Instagram en el año 2012, por una suma de mil millones de dólares, y la de WhatsApp en 2014, por una cifra que oscila entre los 19 y los 22 mil millones de dólares.
La postura de la FTC es que estas operaciones de compra no tuvieron como objetivo primordial fomentar la innovación o mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios. En cambio, la agencia reguladora argumenta que la verdadera intención detrás de estas adquisiciones fue la de "neutralizar" o "sofocar" a competidores emergentes que representaban una amenaza directa para la posición dominante que Facebook, ahora conocido como Meta, ostentaba en el mercado.
Según la FTC, esta estrategia implementada por Meta ha tenido como consecuencia una disminución en la calidad general de las aplicaciones de redes sociales disponibles para los consumidores. Esto se debe, según la acusación, a que Meta ha priorizado la preservación de su poder de mercado y el aumento de sus beneficios económicos por encima de la mejora de sus productos y la satisfacción de sus usuarios.
En la sesión de apertura del juicio, Daniel Matheson, el abogado principal que representa a la FTC, declaró ante el tribunal que Meta tomó la decisión de que "la competencia era demasiado difícil". En consecuencia, la compañía optó por una estrategia que consistía en adquirir a sus rivales en lugar de enfrentarse a ellos en un mercado competitivo.
Un aspecto fundamental de la disputa legal radica en la definición del mercado relevante. La FTC ha delimitado este mercado como el de las "redes sociales personales", una categoría que, según su interpretación, excluye plataformas tan populares como TikTok, YouTube y el servicio de mensajería iMessage de Apple.
Como resultado de estas acusaciones, la FTC busca una resolución judicial que obligue a Meta a desprenderse de sus dos activos más valiosos: Instagram y WhatsApp.
La FTC considera que los correos electrónicos y mensajes de texto intercambiados por Mark Zuckerberg constituyen una evidencia crucial para fundamentar sus alegatos.
En particular, un correo electrónico interno fechado en 2012, justo antes de la adquisición de Instagram, en el que Zuckerberg manifestó su intención de "neutralizar a un competidor potencial", se ha convertido en una pieza central dentro del arsenal probatorio de la FTC.
Asimismo, se ha citado otro correo electrónico, enviado con anterioridad a la compra de WhatsApp en 2014, en el que Zuckerberg describió el servicio de mensajería como "un gran riesgo para nosotros".
La argumentación de la FTC se basa en que estos mensajes revelan la verdadera motivación de Meta: emplear su vasta dimensión e influencia en el mercado para eliminar servicios alternativos que pudieran surgir, en lugar de competir lealmente con ellos.
Un tercer correo electrónico de 2011 también salió a la luz, mostrando la preocupación de Zuckerberg ante el rápido crecimiento que estaba experimentando Instagram y la posibilidad de que esta plataforma llegara a eclipsar a Facebook en el ámbito de la fotografía móvil.
Además, la FTC hizo mención a un correo electrónico más, de 2012, en el que Zuckerberg expresó la opinión de que era preferible "comprar que competir", una frase que la agencia reguladora interpreta como una "máxima" que guía las operaciones de Meta.
Otro mensaje atribuido a Zuckerberg sugiere que Facebook incluso consideró la posibilidad de adquirir Snapchat por la considerable suma de 6 mil millones de dólares.
En contraposición a las acusaciones de la FTC, Meta ha presentado una serie de argumentos para defender su posición y negar la existencia de un monopolio.
Un punto central de su defensa es que Meta no opera como un monopolio, ya que nunca ha incrementado los precios de sus servicios a los consumidores. La compañía subraya que todas sus principales aplicaciones se ofrecen de forma gratuita.
Mark Hansen, el abogado que representa a Meta, ha argumentado que la FTC está empleando una definición "incoherente" del concepto de competencia. Según Hansen, Meta simplemente está compitiendo por captar la atención de los usuarios en un entorno digital que se caracteriza por su alta saturación y dinamismo.
Meta también sostiene que la definición de mercado que propone la FTC es excesivamente restrictiva y que omite la inclusión de competidores de gran relevancia como TikTok, YouTube y la plataforma de mensajería de Apple.
Por su parte, Mark Zuckerberg ha defendido públicamente las adquisiciones de Instagram y WhatsApp, calificándolas como movimientos estratégicos que tenían como objetivo principal impulsar la innovación y enriquecer la experiencia de los usuarios de sus plataformas.
Un argumento adicional presentado por Meta es que tanto la adquisición de Instagram en 2012 como la de WhatsApp en 2014 fueron revisadas y aprobadas en su momento por las autoridades regulatorias competentes.
La compañía también enfatiza que, tras concretarse estas adquisiciones, realizó inversiones significativas en ambas plataformas, lo que resultó en una mejora sustancial de los servicios que ofrecen a sus usuarios.
El litigio entre la FTC y Meta tiene sus raíces en el año 2020, cuando la Comisión Federal de Comercio interpuso la demanda inicial contra Facebook, la denominación anterior de Meta, durante el mandato del entonces presidente Donald Trump.
Cronología:
El juicio que actualmente se está celebrando ante el juez Boasberg se considera la mayor amenaza legal que Meta ha tenido que afrontar en su historia. En caso de que la FTC obtenga una victoria, Meta podría verse en la tesitura de tener que deshacerse de Instagram y WhatsApp, una medida que sin duda tendría un impacto de gran calado en su consolidado modelo de negocio basado en la publicidad digital. Se calcula que el proceso se prolongue aproximadamente ocho semanas.
El resultado de este pleito podría tener amplias repercusiones para la industria tecnológica y la regulación antimonopolio en general.
En particular, la sentencia final podría sentar un precedente significativo en cuanto a la manera en que se interpretan y aplican las leyes antimonopolio a las grandes empresas tecnológicas, especialmente en lo que concierne a sus estrategias de adquisición de competidores.
Una victoria para la FTC podría impulsar a los reguladores a examinar con mayor rigor las numerosas fusiones y adquisiciones que se han producido en el sector tecnológico, incluso aquellas que en su momento recibieron la aprobación de las autoridades competentes.
Por el contrario, una victoria para Meta podría reforzar la postura de que las adquisiciones en este sector, incluso las de competidores emergentes, no son necesariamente anticompetitivas si no suponen un aumento de precios para los consumidores.
Este juicio antimonopolio se presenta como un caso de gran trascendencia cuyas ramificaciones podrían remodelar el futuro de una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo y, por extensión, la propia estructura del mercado digital.
La sentencia podría suponer un precedente crucial para la aplicación de las leyes antimonopolio en el sector tecnológico. La incertidumbre sobre el desenlace final subraya la complejidad de aplicar leyes antimonopolio del siglo XIX a los dinámicos mercados digitales del siglo XXI.
