“Al Concello de Ribeira no le llegó ninguna comunicación en el sentido de tener que ejecutar en diez días la clausura o cierre de la gasolinera instalada en Xarás”. De esta forma respondió dicha Administración local a la publicación del oficio del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 1 de Santiago ordenando el cese de su actividad bajo la directa responsabilidad del alcalde, al que le indica que debe informar de las medidas que se adopten para cumplir esa resolución. Y le advierte que en caso de incumplimiento se podrán adoptar medidas para lograr su efectividad, pudiendo imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales, y que se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
 

En relación a este oficio y las nuevas sentencias de ese mismo tribunal en relación a dicha estación de servicio, el portavoz del PBBI, Vicente Mariño, solicitó la dimisión del alcalde, Manuel Ruiz, y pidió la adhesión del resto de grupos a su propuesta. Desde el PP replicaron que quien debe dimitir es el líder del principal partido de la oposición “pola súa clara conniviencia con quenes, defendendo os seus propios intereses empresariais, van en contra dos do Concello, que actuou conforme marca o procedemento legal para dar licenzas ao contar con todos os informes preceptivos favorables”. Y añadió que “seria muy oportuno, e incluso necesario, que Mariño entregase de una vez por todas las cuentas de su campaña electoral para disipar cualquier duda sobre su relación con Agro do Forno”. El PP recordó que Mariño fue “parte destacada como concelleiro entre quenes desestimaron o recurso que deu pe á concesión da primeira licencia o 18 de xullo do 2014”. 
 

Los populares agregaron que Mariño es capaz de ir en contra de sus propios actos: “entonces votou en contra dos argumentos de Agro do Forno e confirmou a licenza, e agora ponse de parte dos seus intereses empresariais, chegando ao extremo de reprobarse a sí mesmo”. El Ejecutivo concluyó diciendo que sigue confiando en que el Tribunsl Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dará la razón al Concello en el recurso de apelación, y “seguirá cumpliendo de forma escrupulosa cualquier orden o mandato judicial como hizo siempre”.
 

Mariño, que reconoció que el alcalde les comunicó a los portavoces municipales la sentencia que anula la licencia de legalización de esa estación de servicio, dice que también les ocultó “otra resolución judicial importante”, como es el referido oficio. Luis Pérez, del BNG, insistió en su petición de depurar responsabilidades por el “novo revés” judicial sobre la gasolinera. Suma se reunió el miércoles para abordar ese asunto y anuncia que en unos días probablemente difundirá un comunicado sobre su postura. Y el grupo municipal del PSOE, pese a la consulta realizada sobre su postura, aún no se ha pronunciado.