El gobierno tripartito compareció esta mañana para dar explicaciones sobre una sentencia que obliga a cerrar la gasolinera SBC de Ribeira. Una situación a la que señalan "ao señor Ruiz como único culpable". 

El caso se remonta al 2013, cuando el Concello concede la licencia para el negocio. Posteriormente se produce un recurso contencioso-administrativo y en julio de 2017 llega una primera sentencia que anula dicha sentencia, recurrida por la administración local. Según explicó el segundo teniente de alcalde Francisco Suárez-Puerta, "a gasolineira construíuse nunha parcela que estaba afectada por un incendio segundo informou o Servizo de Montes, polo que non se podía exercer a actividade".

Ante esto, la empresa presentó un escrito de subsanación de discrepancias de catastro sobre una segunda parcela no afectada, solicitando una nueva licencia aprobada en 2021. Sin embargo, llegó una nueva sentencia de clausura de actividad de la gasolinera, al entender que "a licencia outorgada ten a finalidade de eludir o cumplimento do fallo, ao cal contradice, e debe ser anulada".

Asimismo, Suárez-Puerta destacó que "non é unha decisión política; senón que se trata dunha sentenza xudicial que este goberno debe cumprir". En este sentido, el primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, hizo hincapié en los gastos judiciales derivados del proceso, de lo que culpó al ejecutivo saliente, liderado por Manolo Ruiz.

Una queja a la que se sumó el regidor, Luís Pérez Barral, que afeó al anterior gobierno que utilizara "cartos de tódolos ribeirenses para intentar resolver unha licenza que sabían que era incorrecta", según un informe del jefe del Servizo de Montes del 2020. 

Con todo, los miembros del gobierno tripartito mostraron su solidaridad con las trabajadoras de la gasolinera. "Herdamos un mandato xudicial que é moi negativo para o Concello e que pode implicar un gasto importante para as arcas públicas; pero tamén moi negativo para as 8 traballadoras que van a quedar no paro", concluyó el alcalde.