Pese a que desde hace unas semanas ya se escuchaba la intención del Ayuntamiento de Ribeira de retirarles a los tres jueces y a los tres letrados de la Administración de Justicia, así como a policías locales, sus plazas en el parking subterráneo del Centenario que se les otorgaron para sus vehículos particulares por razones de seguridad y protección —los primeros dictan sentencias o resoluciones en relación a delincuentes y los terceros se encargan de detenerlos, entre otro tipo de actuaciones respecto a ellos—, esa medida no se llevó a efecto hasta ayer, pero se hizo efectiva sin que hubiera comunicación previa alguna.

Una de las togadas que acudió a primera hora de la mañana con su vehículo para guardarlo en la plaza concedida se encontró con la situación de que su tarjeta no funcionaba, por lo que consultó al conserje, quien llamó al Consistorio para comprobar lo que pasaba y le dijeron que estaba anulada, y que si quería guardarlo allí tendría que pagar por ello. Algo similar les sucedió a los agentes municipales, e incluso hubo uno que ya lo tenía aparcado dentro y tuvo que sacarlo. 

Ello ha generado un gran malestar en esos ámbitos, por un lado, debido a la la pérdida de derechos que supone y, por otro, las graves consecuencias que ello puede tener si se ven obligados a dejarlos estacionados en la vía pública, ya que se está poniendo en peligro la integridad de los jueces, de los letrados de la Administración de Justicia y de los agentes de las fuerzas del orden. Algunas fuentes consultadas por este periódico indican que el Ayuntamiento ribeirense y los responsables de esa decisión se ariesgan a la presentación de demandas por ello.