La Audiencia de Pontevedra celebrará el próximo martes el juicio por un presunto caso de trata en el Club Pigalle de Meis, que se había pospuesto en enero por la ausencia de un testigo clave. La Fiscalía pide una condena de 23 años de cárcel para el administrador de la sociedad que explotaba el local en 2018, un hombre de nacionalidad brasileña, así como 22 años de cárcel para la mujer de origen rumana que entonces lo dirigía junto a él.

El Ministerio Público también pide que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos y que, tras su salida de prisión, pasen otros 15 años en libertad vigilada. Acusa a ambos de la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de inmigración clandestina con ánimo de lucro y prostitución coactiva. Al varón, además, se le acusa de un supuesto ilícito de agresión sexual a una de las mujeres.

En su escrito de acusación relata el calvario vivido por las tres víctimas: engañadas con la promesa de una vida mejor, aprovechándose de su precaria situación en su país de origen, Venezuela; cautivas bajo una presunta deuda por el viaje y la manutención –hasta por la compra de ropa “provocativa” para ejercer–y con un estricto y amenazante control que implicaba multas por salir o no trabajar, aún siendo por causa justificada. Las más joven, con 18 años recién cumplidos, fue agredida sexualmente.

La Fiscalía señala las jornadas maratonianas de 10 y 12 horas que tenían que acatar o la prohibición de salir de sus habitaciones en determinadas horas por si la Policía acudía a realizar inspecciones por incumplimiento de la ley de extranjería. Las tres estaban en situación irregular y para entrar en el país, el gerente y su socia les compraban billetes, reservaban hoteles y les daban un dinero para pasar la frontera simulando ser turistas.

El “modus operandi” era el mismo. Entre marzo y abril de 2018, y utilizando a vecinos y conocidos de las víctimas, cuyas identidades no constan, “planificaron captar mujeres en situación de grave penuria económica (...) aprovechándose de su necesidad”. Solo una de ellas sabía que vendría a ejercer la prostitución, pero con tres hijos menores y una madre a su cargo, aceptó la oferta. A otra, con un bebé y sin trabajo para ella y su pareja, le ofrecieron un sueldo de 800 euros como camarera o para hacer camas, en el caso de las más joven, que el mes anterior había cumplido los 18 y aún estaba estudiando, pero en su casa “había mucha necesidad, así que decidió buscar un trabajo”, siempre según el escrito de la acusación pública.