El fiscal Pablo Varela modificó sus conclusiones en el juicio por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del “Karar”, en abril de 2020, para rebajar la petición de penas para los 15 tripulantes del barco que confesaron su participación, en el juicio. Así, rebaja la solicitud de los 13 años y medio iniciales por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal a 7 años y medio para el tripulante gallego, José M. B. G. (supuesto encargado de supervisar la carga y llegada de toda la droga), para el capitán y para el segundo al mando; mientras que para el resto pide 7 años y 3 meses de cárcel. Todos ellos admitieron en el juicio que sabían, al salir de Panamá, que iban a transportar cocaína hacia Galicia, droga que cargaron frente a la costa de Colombia.

Mientras, las defensas de los tripulantes, además de la confesión tardía, alegan también la atenuante de dilaciones indebidas, y piden que la condena sea de 6 años. En el caso de los extranjeros, reclaman que se dicte sentencia, se declare firme cuanto antes y que se sustituya la pena de cárcel que queda por cumplir (dos años, descontados los cuatro que pasaron en prisión preventiva) por la medida de expulsión inmediata de España.

En el caso de Juan Carlos Santórum y su entorno, y del resto de acusados, el Fiscal reafirmó su acusación y mantiene la petición de penas: 18 años y medio de cárcel y 438 millones de euros de multa para el arousano, considerado “cabecilla” de la organización; 19 años y medio para un exfuncionario de Aduanas, Pablo S.V., y su mujer, Mónica F.L. (a quienes también se les imputa el delito de blanqueo); 15 años y medio para José Yamandú R.G. (por imputarle también un delito de tenencia ilícita de armas) y 13 años y medio para el resto: Fidel F.B., Sergio F.O., Ricardo S.N., Xosé Emilio R.C.; los hermanos Marcos y Pablo G.V.; Ismael C.B., Braulio V.V.; y René R.R.

Pruebas “cristalinas”

El representante del Ministerio Público considera que las pruebas contra los procesados son “cristalinas” y se refirió a las conversiones grabadas al propio Santórum y sus colaboradores, con menciones a la “merca”, a una lancha rápida que “va a ir cargada hasta las orejas”, al aprovisionamiento de combustible, o a los posibles puntos de descarga. “Pocas veces se ve una prueba tan sólidamente significativa de culpabilidad”, considera.

El fiscal también subrayó que la investigación policial permitió comprobar la existencia de “una ingente infraestructura de medios a disposición de personajes como Santórum”. Recordó que el arousano disponía de media docena de naves alquiladas: “¿Para qué quería tantas naves? Seguro que para tocar la flauta no eran”. 

Por su parte, la abogada del Estado se centró en apuntalar las pruebas contra el exfuncionario de Aduanas y su mujer, y defendió la validez de la investigación interna a la que fue sometido debido a su alto tren de vida.
La defensa de Santórum y otros seis acusados de su entorno, mantuvieron su petición de libre absolución e indicaron que se habrían vulnerado sus derechos, como la rotura de la cadena de custodia de ciertas pruebas. El resto de defensas conservaron sus conclusiones, planteando calificaciones alternativas en algunos casos, y solicitando que se aplique la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

La vista se reanudará este jueves para los informes finales de las defensas. Está previsto que esta semana pueda quedar ya vista para sentencia.