Los marineros expulsados de la Cofradía de A Illa por pertenecer a dos cofradías simultáneamente presentaron ayer por registro la reclamación de una indemnización por los daños y prejuicios que consideran les ha provocado y en base a una sentencia judicial que les daba la razón debido a un error de forma. De hecho, el Pósito inició un segundo proceso para echarlos y contó con el aval de la Consellería do Mar, quien rechazó sus alegaciones, pero no se rinden y también han recurrido estas decisiones ante la justicia.
Así lo explicó ayer Benigno Chaves, expatrón de la entidad, quien prefirió no desvelar la cuantía, aunque en ocasiones anteriores se llegó a hablar de 120.000 euros. Piden la indemnización en virtud de la resolución favorable de la Audiencia de Pontevedra en la que se declaraba un error de forma en la expulsión. El propio marinero considera que todo este conflicto “é froito da mala xestión da confraría, dun expediente mal feito”. Y es que, según él, ni se les informó ni se les remitió una carta explicando el asunto, aunque también le parece “cuestionable” el motivo: pertenecer a dos cofradías al mismo tiempo. El Pósito siempre ha defendido que así lo contemplan los estatutos, pero Chaves señala que recurrieron a esto por estrategia, porque “non tiñan por onde escapar e o abogado tirou por aquí” ya que, en realidad, según él, todo comenzó porque se negaron a pagar una cuota que “estaba prescrita e así o recollían os estatutos”, aseguró.
Le parece “triste ter que chegar a estos extremos”, pero defiende que, tanto él como Avelino Paz, “temos que reclamar o que nos corresponde” y por eso también han recurrido ante los tribunales la decisión de expulsarlos por segunda vez. Su recurso se dirige tanto a la institución isleña como a la Consellería do Mar. Según el expatrón, porque en una reunión con el gabinete jurídico de la Xunta “nos deron a razón, pero logo nola quitaron, terán que explicar porqué”. De hecho, garantizó que a su compañero “dixéronlle que tiña dez días para escoller se quedaba nunha ou outra confraría e el quedou na Illa”. Con todo esto se refiere a que la Xunta denegó sus alegaciones a este nuevo proceso para darlos de baja como socios y, según dijo el Pósito su día, lo hizo avalando de forma “contundente” sus argumentos.
El isleño teme además que este no sea el último litigio al que tengan que recurrir pues se mostró casi seguro, a la vista de los antecedentes, de que “vánnos negar a petición de indemnización”. Asimismo se quejó de que desde el principio “negóusemos o acceso a toda información que solicitamos, tanto de como foran os acordos do Cabildo, os plans de explotación.. E non se entende como un ente público nega lle aos socios poder ter información. Se funciona así, mal asunto”.