14º-18º
domingo | 8 junio | 2025
Que hubo impagos a la Seguridad Social, durante años, en la aplicación de las nóminas de la residencia Valle-Inclán de Vilanova de Arousa no lo puso nadie en duda ayer durante el juicio que sentó por ello en el banquillo de la Audiencia Provincial a su gerente durante la última etapa, Enrique Martínez. Ni él, ni su defensa, negaron esos impagos. Al contrario, los admitieron.
Eso sí, y ahí radica el argumento clave de su defensa, no pagar no basta para que exista el delito continuado contra la Seguridad Social que sí aprecian tanto la Fiscalía como la acusación particular. Para el defensor de Martínez, “el elemento objetivo”, el impago, “es indiscutible”; “pero el subjetivo”, “el ánimo de no hacerlo” o el “ardid” o mala fe para causar el engaño a la Seguridad Social, no existe. El delito del que se le acusa solo se cumpliría si se dan ambos elementos y la defensa basó buena parte del interrogatorio de ayer a los testigos en intentar subrayar las causas no fraudulentas que habrían podido justificar aquellos impagos. “Prefirió dar de comer a los ancianos”, resumió el defensor.
Tras escuchar a varios testigos y al propio Martínez, que contestó a las preguntas de todas las partes, estas confirmaron sus conclusiones, manteniendo, de un lado, la absolución y, del otro, la petición de cuatro años de prisión, multa de cinco millones de euros y responsabilidad civil subsidiaria en casi 2,4 millones de euros más. El juicio quedó visto para sentencia por esta Sección Cuarta de la sala pontevedresa.
Pasó primero por el estrado, como testigos, una relación de antiguas trabajadoras de la residencia: una empleada de limpieza, una animadora sociocultural, la auxiliar administrativa y la responsable de lavandería.
A preguntas de Fiscalía, acusación y defensa se dibujó un panorama bastante común en lo esencial. Todas habían sido testigos de la curiosa relación de empresas que, en aquellos años entre 2013 y 2019, fueron asumiendo la gestión del mismo geriátrico: Viajes Silgar, Nurtime, Residencia de Mayores 2013, Servicios Integrales Dos Andando y Euroconsultores Sociosanitarios. También admitieron haber renunciado al cobro de extras conscientes de la mala situación de la residencia; que muchas acabaron cobrando lo adeudado gracias al Fogasa y que la mayoría de pagos de nóminas se hacían por transferencia.
Una de las testigos: “¡Uf! cómo estaba aquello antes que llegase él! Llovía en las habitaciones, a la gente encima”
Ninguna relató haber visto o sabido de ninguna irregularidad, ni de trabajadores en B. Al contrario, alabaron la gestión de Enrique Martínez, al menos en lo tocante a la parte humana de todo este asunto. “¡Uf! ¡Cómo estaba aquello cuando entró Enríque Martínez! Llovía en las habitaciones, había que cambiar las camas porque le llovía a la gente encima”, declaró una de ellas. “No había comida” se escuchó también en la sala. Tras la entrada de este gerente, todo aquello mejoró. Pero el embrollo empresarial, que partía de un concurso previo de la empresa Viajes Silgar, la que operaba de antemano cuando llegó a la gerencia el acusado, terminó por lastrar la parte económica hasta hacer la situación irrespirable. Eso mismo dibujó el encausado en su intervención
Enrique Martínez relató que las dificultades habrían comenzado “desde el principio”. La deuda heredada de Viajes Silgar fue la primera losa. Todo se complicó más al comprobar que la Xunta no aprobó la autorización administrativa necesaria para operar un centro geriátrico como este a ninguna de las sucesivas empresas que se encargaron de la Valle-Inclán. Esto provocó que el dinero de las plazas concertadas o públicas no llegó nunca a Nurtime y las sucesivas sociedades. “Yo de ese dinero nunca recibí nada”. Lo que sí fueron llegando fueron los embargos judiciales de cuentas.
Tanto él como las trabajadoras aseguraron, además, que la residencia seguía atendiendo a los mayores de las familias que “no pagaban” por “necesidad”. Así pues, sus ingresos se vieron comprometidos. “Mi desesperación era máxima: tener a los residentes perfectos, pagar a los trabajadores, la presión de las familias, los periódicos...”.
En el otro lado de la balanza, declaró como testigo una subinspectora de trabajo, que destacó cómo se detectó una “dualidad” o “simultaneidad” de empresas: una misma residencia en la que una empresa cobraba a los clientes pero era otra la que pagaba las nóminas. Negó haberse entrevistado nunca con Martínez, pero describió una de las visitas a la residencia, donde fue atendida por una encargada, como que “no fue fácil. No me explicaron todo de forma clara y específica. Fue como tener que tirar hilos para poder entender la situación”.
También calificó de “poco habitual” que una empresa, como fue el caso, desatendiese hasta dos convocatorias para dar cuenta. “Normalmente te aplazan y te traen documentación” para tratar de justificar esa no comparecencia. “Pero no comparecer ni justificar, pues pocas veces”. Se habría constatado también que las empresas terminaron no elaborando o presentando las cuentas.
El fiscal mantuvo sus conclusiones, admitiendo que, “no consta que Enrique Martínez se haya enriquecido con las cantidades” no abonadas. De hecho, las diligencias por supuesta administración desleal o alzamiento de bienes quedaron archivadas hace años al no apreciar delito. No obstante, que Martínez no hubiera ganado nada con aquella gestión, no significa que no se produjese el delito contra la Seguridad Social, mantuvo el Ministerio Público. Y la “maniobra fraudulenta” o “ardid” que la defensa no ve en ese necesario elemento subjetivo, sí lo ve la Fiscalía en la “dualidad” de empresas.
La defensa aún alegaría que una “sucesión de empresas no es lo mismo que empresas pantalla”. Dilucidar si hubo voluntad de engaño o no aquí será ahora el nudo a desatar por el tribunal en su deliberación.
Este aún escuchó ayer a dos testigos más propuestos a última hora por la defensa: Un interventor judicial y el representante de Clearwater Private Investment, sociedad que llegó a comprar en subasta las instalaciones.
