El PSdeG y el BNG reprocharon ayer al PP la reintegración del concejal isleño Matías Cañón a pesar de había sido condenado hace 13 años por maltrato a una expareja, pues, entre otras cosas, lo consideran un “branqueamento da violencia de xénero”. Fue durante la sesión de control del Parlamento galego, pero la conselleira de Igualdade, Fabiola García, no hizo ninguna mención expresa al respecto y se limitó a responder al resto de críticas de la oposición.
Tanto socialistas como nacionalistas presentaron el caso con motivo de unos cambios en el organigrama de la Xunta, por la reconversión de la Secretaría Xeral de Igualdade en dos direcciones generales: Promoción da Igualdade, por un lado, y Loita contra a Violencia de Xénero, por otro, lo cual les parece un “retroceso”.
La portavoz socialista de Igualdade, Paloma Castro, censuró los argumentos ofrecidos hace unos días por los populares para justificar la readmisión de Cañón, que era su candidato a la Alcaldía en 2023 y al que expulsó en plena campaña electoral tras salir a la luz la condena a trabajos comunitarios por maltrato a una expareja en 2011.
Para la diputada, “isto dista moito do plus de exemplaridade que debe ter un cargo público”, pero además considera que se envía un “mensaxe perigoso de branqueamento da violencia machista porque é certo que houbo unha condena xudicial, pero tamén ten que haber unha social e esa non prescribe”.
Castro instó al PP a “reconsiderar” su decisión y sospecha que “moito poder debe ter esa familia para que Rueda –Alfonso– cedera ante as presións e asumira as consecuencias desa readmisión”, añadió. En su opinión, sus posiciones en los últimos tiempos suponen un “retroceso de máis de 20 anos na concepción das políticas de igualdade” y una “invisibilización” de las mismas que suponen una defensa de las “mesmas teses que os seus socios de extrema dereita”.
En un tono parecido se pronunció la diputada del BNG Noa Presas, quien considera que el partido del gobierno “tenta disimular” que comparte “a axenda dos seus socios da extrema dereita” y es algo que las mantiene “tremendamente preocupadas”.
También el portavoz parlamentario y secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, expuso el asunto, señalando que lo del concejal de A Illa, que hasta ahora permanecía como edil no adscrito, son cosas que “poden ser legais”, pero “dende logo non exemplares”.
Por su parte, la conselleira replicó a los socialistas que “non están en condicións de dar leccións” porque “pasarán á historia pola aprobación dunha lei prexudicial para as vítimas”. Asimismo defendió que el compromiso del Ejecutivo con este tema “é incuestionable” y que el presupuesto se multiplica este año por cuatro, hasta los 55 millones, tras lo cual hizo un repaso por cuestiones como el refuerzo de las casas de acogida, la ayuda económica y el nuevo protocolo contra la lgtbifobia en el ocio nocturno.