Representantes del sector mar-industria de Cambados y de la Asociación Galega de Depuradoras de Galicia (Agade) acompañaron ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita realizada a una de las empresas ubicadas en el puerto de Tragove, mostrando su apoyo a la nueva ley de ordenación de litoral de Galicia. Más concretamente, estuvieron en Mariscos Daporta, una de las que vive con temor al reglamento de Costas y que se siente protegida con esa norma aprobada la semana pasada en el Parlamento de Galicia con los únicos votos a favor del PP –BNG y PSdeG se abstuvieron–. 

Así lo certificó uno de sus responsables, Lucas Daporta: “O Ministerio de Transición Ecolóxica di que crea inseguridade, pero é todo o contrario, o que crea inseguridade é o regulamento que crearon eles e que di que cando chegue unha onda a calquera punto será o deslinde. Isto significa que as empresas deixen de investir, que teñan medo e deixen de facer contratacións. Ter que trasladarnos –tierra adentro– é inviable económicamente, sería eliminar o tecido mar-industria”, advirtió. Para el presidente de Agade, Tito Fariña, la normativa estatal “é inxusta”. 

Y es que, cabe recordar, que el Ejecutivo estatal estudiará si recurrir la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia, que así se llama , ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Al respecto, el presidente gallego enfrió la posibilidad de que este recurso, que ve “un disparate”, se presente antes del 23 de julio porque, de ser así, la Xunta ya habría recibido la llamada para constituir una comisión bilateral de negociación, requisito legal previo. 

También avanzó que, en caso de haber un cambio en Moncloa tras las elecciones generales, y de resultar elegido como presidente el popular Alberto Núñez Feijóo, una de las cuestiones “urxentes” sería mantener la vigencia de la norma gallega que, aseguró, aporta seguridad a estas empresas y que, a su juicio, sí está amparada por el Estatuto de Autonomía.

No obstante, de entrada, espera que haya “sentidiño” por parte del actual gobierno, pues ve la norma de acción contra el cambio climático y de costas como un “sinsentido” al tratar “a todo o litoral de España por igual”, sin “ningunha análise en cada caso” y que provoca, dijo, que las empresas situadas en la costa tengan “que retirarse terra adentro”. Lo cual “suporía a morte de moitístimas empresas, suporía pechalas porque son inviables xurídicamente e non hai ningunha razón porque, insisto, están respectando o medio ambiente. Son os primeiros interesados”. 

Daporta , cuya empresa lleva desde los años 50 trabajando, certificó sus palabras: “Somos unha empresa sostible, non somos industrias contaminante e estamos arraigados na tradición do mar”. Rueda recordó que supone una parte “moi importante” del PIB gallego, con una facturación de 9.000 millones anuales y 40.000 puestos de trabajo.