Los socios de Sumar en el Gobierno central se muestran “preocupados” por el importante retraso en la construcción del cuartel de Cambados y esta semana han presentado una serie de preguntas sobre el asunto con la intención de “facer un pouco de presión”, explicó Verónica Martínez, diputada por Pontevedra en el Congreso.

La formación espera recibir respuesta escrita en un par de semanas y actúa después de las novedades ofrecidas la semana pasada por la Delegación del Gobierno en Galicia sobre que se está negociando con la adjudicataria la forma de proseguir sin tener que rescindir el contrato, porque la solución a los problemas de cimentación que la mantienen parada, se prevé cara. 

En concreto, Sumar Galicia quiere conocer las previsiones del Ministerio del Interior de reinicio de las obras “aínda que máis ben é inicio”, ironizó Martínez, recordando que en estos dos años –desde el inicio de los trabajos– poco más se ha hecho que preparar la parcela de la calle Valle-Inclán.

“Sobrecuste”

También los plazo de finalización manejados y “cal vai ser o sobrecuste polos problemas atopados”. No sería el primero. Se adjudicó en marzo de 2022 por 6,5 millones a la empresa Edhinor y una posterior modificación para solucionar el primer problema de cimentación aparecido lo elevó a tres millones de euros más. 

La diputada expuso que les preocupa “moitísimo” que la ubicación provisional de la Guardia Civil de Cambados y la propia Capitanía de O Salnés –recientemente reubicada en esta villa– se esté prolongando tanto en A Mercé. “Unha casa de cultura non é un lugar axeitado para este servizo por cuestións de seguridade para a cidadanía e para os axentes”, sentenció. 

Así las cosas, “esiximos ao Ministerio do Interior que tome medidas que impliquen executar o proxecto de construción previsto para rematar a finais de 2023, poñendo datas concretas”.

Junto a ella estuvieron miembros de Sumar cambadeses; los exconcejales municipales Xurxo Charlín y Fernando Patricio. El primero señaló que hay “preocupación” en la localidad por tratarse de una inversión de nueve millones de euros, pero sobre todo, por el servicio del que se trata. Considera que debe ser una “obra prioritaria” para el Gobierno central y espera que con esta acción política “se acelere o proceso” para que el Instituto Armado y los vecinos “teñan as instalacións dignas que deben ter”.