El juicio por el alijo de más de 3.800 kilos de cocaína hallado en el buque MV Karar cuando navegaba a unas 300 millas de la costa de Galicia en el año 2020 quedó ayer visto para sentencia tras diez meses de vistas, casi 40 sesiones y ochenta testificales y periciales. La última jornada incluyó la exposición final del abogado del constructor de embarcaciones, uno de los 28 encausados y supuestamente relacionado con el grupo criminal presuntamente liderado por el saliniense Juan Carlos Santórum. Así, el abogado atribuyó al exjefe policial de la brigada contra el crimen organizado Greco en Pontevedra la llamada desde un teléfono portugués que relaciona a su cliente con esa operación, sobre quien ha señalado su “imputación” en un caso vinculado a narcotráfico en Murcia. Así, subrayó que no ve indicios incriminatorios en la llamada recibida por su representado que, según la acusación, seguía la singladura del MV Karar y que “la coge, nadie habla, cuelga y la devuelve para intentar saber quién le llama, pero nadie responde”.

Tras escuchar su informe final, las magistradas otorgaron a los procesados el derecho a la última palabra, que algunos ejercieron y, en la mayoría de los casos, para declararse inocentes. No se ha pronunciado el principal encausado, el arousano Juan Carlos Santórum, acusado de ser el cabecilla de un supuesto grupo criminal y para quien el fiscal pide 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros.

Sí lo ha hecho su hermano, otro de los 28 encausados y acusado de ser “colíder”, que aseguró no haber cometido delito alguno ni tener algo que ver “con los hechos” juzgados o con el barco, al indicar que “uno cree que se está cometiendo una injusticia”, antes de precisar que colaboró en el registro de su vivienda.

Petición de la Fiscalía

Los acusados se enfrentan hasta a 19 años y medio de cárcel por los hechos juzgados durante diez meses en Vigo. En concreto, en sus conclusiones finales, el fiscal rebajó las penas para los quince tripulantes del barco (nueve de Nepal, cinco de Bangladesh y un gallego), que confesaron su participación durante su declaración. Así, redujo la solicitud de los 13 años y medio iniciales por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal a siete años y medio para el tripulante gallego, (encargado de supervisar la carga y llegada de toda la droga), para el capitán y para el segundo al mando; mientras que para el resto pide siete años y tres meses de cárcel. Todos ellos admitieron en el juicio que sabían, al salir de Panamá, que iban a transportar cocaína con destino a Galicia, una droga que cargaron frente a las costas de Colombia.

Por su parte, las defensas de los tripulantes, además de la confesión tardía, alegan también la atenuante de dilaciones indebidas, y piden que la condena sea de seis años. En el caso de los extranjeros, reclaman que se dicte sentencia y se declare firme cuanto antes, y que se sustituya la pena de cárcel que queda por cumplir (serían dos años, descontados los cuatro años que pasaron en prisión preventiva) por la medida de expulsión inmediata de España.

En el caso de Juan Carlos Santórum y su entorno, y del resto de acusados, el Fiscal ha reafirmado su acusación y ha mantenido la petición de penas: 18 años y medio de cárcel y 438 millones de euros de multa para el arousano, considerado el “cabecilla” de la organización; 19 años y medio para un exfuncionario de Aduanas y su mujer (a quienes también se les imputa el delito de blanqueo); 15 años y medio para José Yamandú R.G. (por imputarle también un delito de tenencia ilícita de armas) y 13 años y medio para el resto: Fidel F.B. (constructor de embarcaciones), Sergio F.O., Ricardo S.N., Xosé Emilio R.C.; los hermanos Marcos y Pablo G.V.; Ismael C.B., Braulio V.V.; y René R.R.