No se entiende como la ley electoral sigue en pie facilitando la corrupción política de diputados y concejales como reiteradamente comprobamos. Estos días hemos visto a dos diputados del UPN que ocultando sus intenciones a su partido y a la opinión pública, votaron no al decreto de la reforma laboral. Una encerrona con premeditación y alevosía para darle el golpe mortal a la reforma Laboral, al unísono con el PP con el fin de fastidiar al gobierno sin importarle los cientos de miles de trabajadores perjudicados. Estos diputados si no están comprados, lo parece.

Los que estuvimos en la política sabemos el daño que hacen a la sociedad los tránsfugas ególatras sin tener en cuentaa su partido y a los votantes que confiaron en ellos. Apelan al voto de conciencia, pero si fuera verdad podrían salvarla dimitiendo del partido que los puso con lista cerrada y dando paso a los compañeros de la lista pudiendo hacer otro partido y trabajar por la ciudadanía que es la verdadera política. Los tránsfugas no hay quien los pare mientras existe esta Ley Electoral que facilita la corrupción. La reciente historia democrática está llena de casos por falta de educación cívica, por culpa de sucesivas dictaduras, que en parte sigue incrustada en nuestro sistema, lo que aprovechan malos políticos excitando las tripas de muchos votantes, en la creencia de que en política vale todo, con lo cual, todo segue igual. Los tránsfugas (traidores) van a la política para lucro personal. Son culpables, pero peores son los principales partidos por mantener una Ley Electoral para poder comprar y manipular a la gente. Una Ley Electoral contradictoria con la prohibición del voto imperativo, art. 67.2 de nuestra Constitución.

Nos toman como idiotas, porque cada vez que sale un escándalo de corrupción, los partidos, a modo de propaganda, hacen protocolos que no practican y leyes de transparencia descafeinadas para engañarnos una vez más, que ni ellos lo cumplen. Para demostrar los retrocesos democráticos pondré dos ejemplos, entre muchos: hasta 1985 la Ley obligaba a que los gobiernos locales (se llamaba Comisión Permanente), estuviera formada por la lista del alcalde y concejales de la oposición, con lo cual había transparencia y participación. La nueva Ley eliminó los concejales de la oposición de la Comisión de Gobierno siendo ocupada tan solo por los concejales del partido del Alcalde.

Antes las instituciones eran más transparentes que hoy. Los ayuntamientos podían publicar boletines dando nombres de los funcionarios y políticos y lo que cobraban. Hoy está prohibido por la protección de datos, excusas de políticos y funcionarios para ocultar otras cosas nada democráticas. Estos ejemplos demuestran que la transición no solo quedó parada, si no que hubo un retroceso de varias décadas.