Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias preparan un texto que sirva para elaborar una ley estatal para fijar el reparto por comunidades de los menores extranjeros no acompañados, pues los recursos en las islas están “al límite”, dijo su presidente, Fernando Clavijo.

La situación “es insostenible” en el archipiélago, que con más de 4.000 menores llegados en cayuco abrió 18 nuevos recursos para su acogida, pero el Gobierno central “sigue ignorando a Canarias”, afirmó Clavijo en alusión a la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, de quien “seguimos esperando respuesta”.

Aunque sí se cumplió el anuncio del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, de destinar 50 millones de euros a las islas para la gestión de la crisis migratoria, “Belarra sigue sin aparecer” y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirma en el Parlamento europeo que las rutas “van mejor”, sin aludir a Canarias.

Clavijo criticó asimismo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por “vender en Europa una realidad migratoria” que no existe, al tiempo que lamentó que no están siendo atendidas las reivindicaciones del archipiélago en este ámbito.

 “No nos sorprende, nos entristece ver una vez más que no estamos en la agenda”, prosiguió el presidente canario, para mostrarse comprensivo con las comunidades gobernadas por el PP que criticaron la forma en que se está derivando a los inmigrantes adultos llegados a las costas canarias, entiende que es competencia del Gobierno central dar la información pertinente.

Por ello, y aunque no es competencia del Ejecutivo canario, va a proponer un texto legal que remitirá al Gobierno central en lo relativo a los menores no acompañados, y con el objetivo de que su distribución no se equipare “a un reparto de mercancía” y a llamar a las comunidades preguntando “¿cuántos quieres llevarte?, puntualizó Clavijo.

Mecanismos de solidaridad

En esta línea, el diputado de Sumar, Enrique Santiago, señaló que su formación es partidaria de poder emprender una reforma legal que incremente, mejore y agilice los mecanismos de solidaridad en el reparto de los migrantes entre el resto de autonomías.

Santiago hizo estas declaraciones tras visitar el centro de acogida de migrantes de Las Raíces, en el municipio tinerfeño de La Laguna, el de mayor capacidad del archipiélago, desde donde destacó el “esfuerzo encomiable” que está haciendo el gobierno regional y todos los trabajadores públicos. Sin embargo, insistió en que Canarias no “tiene por qué hacerse cago en solitario” de una situación que “ataña a toda la Unión Europea”. 

Al tiempo detalló que esa reforma se basaría “en la medida de las posibilidades de cada administración”, pero recordó que se trata de políticas “financiadas por el Estado y que no tienen un coste en los presupuestos autonómicos”, y que el principal problema son las “comunidades que no quieren ser solidarias” algo que relacionó con el incremento de los gobiernos del PP en otras regiones, “que se desentienden absolutamente de esta obligación.