La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ratificó la absolución de un administrador de una comunidad de vecinos de Catoira acusado de haberse apropiado de un total de 3.690 euros perteneciente a la comunidad, así como de haber falsificado la firma de la presidenta en un cheque para ocultar la operación y para cancelar la póliza con una aseguradora, sin autorización de la junta de propietarios.

La comunidad de propietarios denunció que el hombre habría transferido desde la cuenta comunitaria a la cuenta de una sociedad en que el acusado era administrador único, repartidas en tres transferencias de 1.501,50, 364 y 1.824,50 euros, cantidades que hizo figurar en las cuentas anuales como abonadas al abogado que venía prestando servicios profesionales para la comunidad de vecinos.

Sin embargo, la Audiencia falla que a la vista de las diligencias de investigación practicadas, tras el informe pericial caligráfico, el delito de falsedad documental atribuido al querellado decae. Asimismo, el magistrado resuelve que el dinero que salió de la cuenta de la comunidad de propietarios se utilizó para pagar los honorarios del abogado, ya fuera mediante talón bancario, por transferencia o en efectivo, tal y como afirmó el querellado, a tenor de las facturas emitidas por el letrado.

Así, el tribunal provincial considera que “no existen indicios suficientes que permitan atribuir al querellado ninguno de los delitos objeto de querella”, así como señala que “tampoco se desprende que la comunidad de propietarios haya salido económicamente perjudicada por las operaciones realizadas por el querellado”, por lo que decide desestimar el recurso presentado por la comunidad y confirmar la absolución del acusado. Contra la sentencia no cabe posibilidad de un nuevo recurso.