El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra dictó una sentencia "demoledora" contra la pirotecnia Pirogal y que respalda los últimos movimientos llevados a cabo por el gobierno local, al declarar la ineficacia de la comunicación previa de las obras del galpón y obliga al Concello a iniciar la reposición de la legalidad urbanística, lo que implica la demolición de la construcción. Esta decisión judicial, por tanto, ratifica la resolución aprobada por la junta de gobierno el pasado 15 de abril, tras abrir expediente administrativo  en base a los últimos informes municipales.

Así, el tribunal da la razón a la plataforma “Coaxe libre de pirotecnia”. El proceso se inició en julio de 2022, cuando el colectivo vecinal presentó un escrito al anterior ejecutivo, liderado por el socialista Alberto García, solicitando la ineficacia de la comunicación previa y la incoación de un expediente de reposición de la legalidad, así como iniciase un proceso sancionador. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el Concello desestima el inicio de las actuaciones solicitadas por las demandantes en relación a la construcción promovida por Pirogal. Ante ello, la plataforma presenta un recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución de la Alcaldía, que ahora le dá la razón a los vecinos declarando su nulidad e instando al Concello a que declare, de "forma inmediata", a incoar el preceptivo expediente de reposición a la legalidad urbanística frente a las obras ejecutadas. Unos pasos llevados ya a cabo por el nuevo ejecutivo del nacionalista Xoán Castaño.

Así, para el regidor vikingo la sentenza "é un duro golpe" tanto para el anterior ejecutivo dirigido por el PSOE y el PP como para la pirotecnia, lo que supone "unha vitoria para a veciñanza e  os dirixentes do BNG que dende o inicio, cando estaban na oposición, defendían que a construción non se fixera atendendo á legalidade". Una sentencia que, para el primer edil, refrenda el triunfo de la "loita veciñal por unha causa xusta" y por "un rural digno e seguro para vivir".  “Realmente o Concello perde con esta sentenza, porque foi un dos demandados polas veciños e veciños naquel entón. Incluso como institución  teremos que pagar 700 euros de costas, pero nunca ter que pagar uns cartos resultou tan satisfactorio, porque dásenos a razón e ratifícase o que xa concluímos pola vía administrativa: as obras non se fixeron correctamente e hai que tirar abaixo o galpón”, subrayó Castaño.

Triunfo ante "unha causa inxusta"

Por su parte, las representantes de la plataforma, Nieves y Marta, se mostraron igualmente satisfechas con el procedimiento y agradecieron "o apoio densde o primer día dos veciños de Dimo e detoda Catoira" ante una "causa inxusta e terriblemente abusiva", contra la que se sentían "desamparados" ante un "abuso de poder". Sin embargo, finalmente, hubo un final feliz: "O que loita, gana", sentenciaron.

"Falsidades esenciais"

En cuanto a la sentencia, recoge que el Concello vikingo cambió su postura con respecto al galpón de Pirogal y, si bien antes diera el visto bueno de maneira tácita y consideraba cerrada la autorización, en el último año requirió nuevos informes técnicos, así como fiscalizó la documentación entregada por la pirotecnia y puso de manifiesto que las obras realizadas no eran compatibles con las normas subsidiarias de usos en solueo rústico y que “había falsidades esenciais”, ya que no tenían una finalidad agrícola, por lo que no se correspondía con lo presentado en la memoria. Asimismo, la resolución incluye que que no hay garantía de cumplimento posible de los requerimientos para construir en suelo rústico en un futuro, ya que resulta “imposible” garantizar cuestiones como un acceso rodado a la red pública de carreteras cuando la única vía para llegar a la construción es una pista forestal y no hay previsión de abrir ninguna outra vía pública, señala Castaño.

De esta forma, el alcalde vikingo mostró su satisfacción, ya que ahora sobre la pirotecnia recae la declaración de ineficacia, la orden de cese de actividad y la reposición de la legalidad urbanística por dos vías, tanto la administrativa como la judicial. Por ello, aseguró Castaño, en caso de que Pirogal presente un recurso ante el TSXG “terá pouco recorrido”. Además, apuntó que el Concello seguirá dando “coa máxima axilidade” todos los pasos necesarios para cumplir de manera escrupulosa tanto la resolución administrativa de la junta de gobierno como la sentencia, dando, en cualquier caso, todas las garantías y plazos que recoge la normativa para la parte afectada.