Los vecinos de la Ría de Arousa apoyaron en masa la petición de una regulación para una protección especial. Fueron casi veinte mil firmas (un total de 19.970) las que avalan esta Iniciativa Lexislativa Popular que presentaron ante el Parlamento gallego, que ahora tendrá que tramitarla en este mismo año.
 

La Federación Galega de Confrarías también mostró su adhesión a esta iniciativa, en cuya presentación ayer participaron  patrones como los de A Illa, Cabo de Cruz, Vilanova, Rianxo, A Pobra; mariscadoras de la ría de Pontevedra, Noia y Arousa y las asociaciones de mexilloeiros al completo.
 

La ILP busca promover la protección, por ley, de las actividades tradicionales de pesca de bajura, marisqueo y cultivo de mejillón, que son “o corazón” de la estructura “socioeconómica de toda a sociedade galega”. Piden que se tenga en cuenta su gran importancia en el actual contexto sociopolítico, porque son “acitividades sostibles, fixadoras de CO2 atmosférico” y garantes de la “soberanía alimentaria”.
 

Así lo manifestó el presidente de la Plataforma de Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, que ejerció como portavoz y que destacó que hay “milleiros de familias que viven destas actividades” y para las que exigen un “maior apouio, recoñecemento e impulso por parte da administración”. El texto tendrá que debatirse este mismo año en la cámara de O Hórreo, tal y como establece la legislación.

Actividades contaminantes

En el texto para el que reclaman el apoyo de los diputados autonómicos, el sector del mar gallego reclama que pesca y marisqueo sean de interés general, logrando un estatus jurídico equivalente al que tienen las multinacionales mineras o energéticas y que se prioricen a la hora de la ordenación del espacio marítimo de Galicia, frente a otras actividades que quieran ocupar esta misma zona o que tengan efectos ambientales nocivos.
 

“En suma, se trata de darlle un horizonte de futuro a todo o sector pesqueiro- marisqueiro de baixura e do mexillón, para que sigan sendo o cerne vertebrador da sociedade galega”, señaló Rubido. El portavoz de la PDRA y de los colectivos firmantes recordó que, en la actualidad, existe una mayor competencia por el espacio marino, como la acuicultura industrial, la minería, la eólica marina o “empresas contaminantes como Altri” que “pretenden ocupar os bancos pesqueiros onde pesca a nosa xente”.

Asimismo, lo sucedido durante estos años supone para los colectivos que firman la ILP una muestra de “abandono das competencias administrativas que ten a Xunta no sector do mar de baixura” y sobre el saneamiento de las rías gallegas algo que, recordó Rubido, vienen denunciando desde hace más de una década.
 

Entre las medidas concretas que aparecen en el documento que se debatirá en el Parlamento aparece, sobre la ordenación del espacio marítimo, que allí donde se desarrollen la pesca, el marisqueo o la acuicultura de bivalvos cualquier otra precisará de un informe, preceptivo y vinculante, de la Consellería do Mar que, “de ser negativo, obrigará ao órgano competente a ditar unha resolución motivada poñendo fin ao procedemento e arquivando as actuacións”. Dicho informe deberá remitirse en el plazo de treinta días, según consta en la ILP.

Por otra parte, esta mañana tuvo lugar en el CIMA de Vilanova una reunión entre representantes del marisqueo y técnicos de la Consellería do Mar, que anunciaron que las ayudas del Fempa se pagarán este mes y que su abono se vio retrasado por os cambios que tuvieron lugar en el departamento autonómico que preside Alfonso Villares.