11º-16º
jueves | 20 febrero | 2025
El Tribunal Supremo acaba de confirmar una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que contempla penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para tres vilagarcianos, dos de ellos con antecedentes penales y un vecino de Avilés, por tráfico de drogas. A dos de ellos se les fue incautado 1,3 millones de euros que tenían escondido en su domicilio.
Los hechos se remontan a 2021, cuando tras diversas investigaciones llevada s acabo por el grupo II de la Udyco de Pontevedra de la Policía Nacional y de la EDOA d ela Guarida Civil, así como de la ETPJ de Cangas y el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Gijón, comenzó el seguimiento al grupo, tras tener constancia de varios encuentros para el intercambio de cocaína.
El 6 de julio los arousanos llevaron una bolsa de color marrón que contenía cocaína a Avilés, donde debían entregarla a terceros. Una de las integrantes del grupo era la lanzadera, para comprobar si había controles policiales. A ella le cayó la menor pena. Los dos vehículos fueron seguidos, en todo momento, por agentes de la Policía Nacional.
Fueron detenidos mientras se encontraban en una cafetería y, en el registro del vehículo, los policías localizaron dos paquetes envueltos en papel film en sendas bolsas de plástico cerradas, que resultaron ser 2.030 gramos de cocaína con una pureza del 81,9 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 222.784,38 euros.
La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra condenó a los cuatro acusados a penas que van entre los cuatro y los ocho años de prisión, así como a multas que oscilan entre los 200.000 y los 700.000 euros, siendo la mayor condena para el vilagarciano en cuyo domicilio se encontró la ingente cantidad de dinero. Las defensas recurrieron, en todo momento, alegando entre otros motivos la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Lo mismo argumentaron ante el alto tribunal, apelando a una investigación “prospectiva”, “encaminada desde el primer momento a obtener pruebas en su contra” y con indicios “insuficientes, pues sólo se registraron entradas y salidas de su domicilio y contactos de los coacusados entre sí”.
Desmonta esta teoría el alto tribunal, que señala que ya en la sentencia se recoge que el oficio policial expone “observaciones de los agentes” desde marzo de 2016 y que, tras comprobar una entrega de cocaína (2,2 kilos) se abrió una investigación que “mostraba la posible presencia de elementos integrantes o demostrativos de un delito contra la salud pública”.
La sentencia del Supremo recuerda que los motivos de casación no pueden ser repetición de los ya valorados en instancias anteriores. Además, confirma las penas contra los cuatro acusados. Fue durante el registro del domicilio de uno de los vilagarcianos cuando saltó la sorpresa para los agentes. Y es que además de diversos móviles, tablets y portátiles, de libretas con anotaciones manuscritas y una envasadora en vacío, en la casa había una necesaria máquina para contar dinero. Y es que escondidos entre las plantas de la casa, repartidos en billetes de 500, cien, cincuenta, veinte, diez y cinco euros, había un total de 1.366.065 euros. Se encontraban encima de la mesa, en un baúl o en bolsas tiradas en el suelo.
