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jueves | 21 noviembre | 2024
La oficina de vertidos de la Mancomunidade do Salnés lleva poco más de dos años en funcionamiento y su labor inspectora a la actividad industrial se está notando en la EDAR de Ribadumia. Además, ya hay 22 empresas tramitando la autorización de vertido, pues al empezar constató que había una gran mayoría que carecía de este obligado permiso. Con todo, aún queda trabajo por hacer y, de hecho, durante la vendimia detectó incumplimientos del límite de vertidos recogido en la normativa.
Desde septiembre ha realizado 34 inspecciones y ha tomado 15 muestras, centradas sobre en todo en las bodegas porque la recogida de uva es un momento del año que vigila con especial atención. “Es una actividad muy focalizada en el tiempo, de entre dos y tres semanas, y se trabaja con un caudal de agua importante, así que somos conscientes de que hay un alto grado de contaminación”, explica la responsable del servicio, Marián Alonso. En concreto, habla de afluentes con “muchos sólidos”, como restos de uva procedentes de un deficiente filtrado, limpieza de depósitos, etc. El resultado son aguas con un pH muy bajo, es decir “muy ácidas”, y esto requiere resiente la planta depuradora porque requiere un tratamiento más intensivo que no le corresponde.
La de Ribadumia estaba teniendo graves problemas por la frecuencia de elevada contaminación y también por la cantidad recibida, superando el doble de su capacidad y hasta el triple en ocasiones. Este fue uno de los motivos de la creación de esta oficina y Alonso asegura que los resultados “están siendo muy positivos” porque hoy presenta unos parámetros considerados “óptimos”, aunque también depende de la época del año. Hay momentos de picos, con entradas muy elevadas relacionadas directamente con las precipitaciones. Y es que también recibe aguas domésticas y lo cierto es que todavía hay bastante red unitaria en los sistemas municipales, es decir, que las tuberías de fecales incluyen aguas de la lluvia que no deberían ir a la planta.
También surgió por la aparición de episodios contaminantes en el Umia, sobre todo en el bombeo de Cabanelas, donde se producían alivios cuando el sistema no podía más, dejando al descubierto que había empresas que no pretrataban sus residuos antes de enviarlos a la red. Claramente procedían de una conservera, otra industria “prioritaria” en el calendario de trabajo de la oficina y en este caso a lo largo de todo el año, pues trabaja en diferentes campañas y con materia prima en fresco. “Somos conocedores de que genera problemas –a la EDAR hasta llegó algún pescado entero– , pero vemos que se ha reducido la contaminación por este lado”, explica la técnico, señalando que en este punto conflictivo se han registrado episodios, pero puntuales y no prolongados en el tiempo. También hace falta una mejora del sistema y la Xunta adjudicó la obra hace meses por casi un millón, pero aún no empezó.
En total, la oficina comarcal tiene censadas 146 actividades industriales de los polígonos y fuera de ellos, pues lleva los concellos de Cambados, Vilanova, Ribadumia y desde este año Meaño. Cada año hace un cribado y su trabajo consiste en visitarlas para comprobar que tienen todo en el regla y realizar comprobaciones y tomar muestras. Cuando se abrió, en 2021, detectó que la gran mayoría de las inspeccionadas no tenían el obligado permiso de autorización de vertido y ahora hay 22 que lo están tramitando. La técnica argumenta que es un proceso largo y aunque prefiere no dar cifras, como en el caso de las bodegas incumplidoras, reconoce que no son la totalidad de las que están obligadas.
El equipo primero notifica e insta a tomar las medidas precisas para corregir la situación y luego realiza visitas para comprobar. En caso contrario, se da parte a Augas de Galicia, organismo con el que trabaja estrechamente. También con las propias empresas: “Queremos ir de la mano de las industrias, así que también les ayudamos y asesoramos en las tramitaciones porque nuestro objetivo que es que acaben cumpliendo y normalmente responden. Vemos que hay buena respuesta”, señala Alonso.
Es por ello que ante los incumplimientos optan por la “insistencia” y todavía no contemplan medidas drásticas como sería desconectar a una empresa de la red comarcal, lo cual supondría que no puede tratar sus residuos y prácticamente el cierre.
En cuanto al plan para 2024, tiene previsto realizar inspecciones en 70 sociedades y seguirá con los controles semanales del Umia, que actualmente presenta unos “buenos parámetros”.
