Seis años de cárcel y una pena de doce meses de multa a razón de una cuota diaria de 30 euros. Esta es la pena a la que se enfrenta el extesorero de la comunidad de montes de Cea, José Luis García Villar, acusado de apropiarse de 384.899 euros de los fondos de la entidad durante el período comprendido entre los años 2005 y 2014. La Fiscalía considera hechos probados que el vilagarciano ha incurrido en un delito de apropiación indebida de carácter grave y en otro de falsedad documental.

José Luis García Villar estuvo como tesorero de la citada comunidad de montes entre los años 1991 y 2015. Fue en ese año cuando estalló todo. Según el escrito de Fiscalía el acusado –con ánimo de obtener un beneficio ilícito y valiéndose de la confianza que la directiva tenía depositada en él– cobraba para sí mismo cheques y pagarés al portador emitidos por la comunidad de montes. En teoría los cheques emitidos por esta entidad tenían que ser firmados tanto por el presidente como por el propio tesorero. Según el fiscal José Luis García Villar cubría íntegramente los cheques y pagarés al portador y, una vez cubiertos, o falsificaba la firma del presidente o modificaba e incrementaba el importe inicial de los cheques tras la rúbrica del máximo responsable. Dice el mismo escrito del fiscal que una vez que el acusado cobraba los cheques se quedaba con el dinero sin destinarlo a los gastos que tenía la comunidad de montes.

La Fiscalía hace referencia concreta a un episodio de junio de 2012 en el que el acusado transfirió un total de 4.000 euros desde una de las cuentas bancarias de la comunidad a la cuenta bancaria de su esposa. Sin embargo, y pese a que en un primer momento la mujer fue investigada, el fiscal considera que no hay motivos suficientes para formular acusación contra ella. Esos 4.000 euros los devolvió José Luis García Villar a la cuenta comunal después de ser descubierto. Pero, por lo que parece probado, fue solo uno de los muchos episodios constatados. En diciembre de 2014 la comunidad de montes se quedó sin fondos en las cuentas bancarias con los que hacer frente a los pagos pendientes. El fiscal entiende que el extesorero debe indemnizar a la entidad de cuya directiva formó parte durante años con el importe que presuntamente se llevó, 384.899 euros, así como los intereses acumulados.

El juicio oral se celebrará el martes a partir de las diez de la mañana en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.