Contar con una sentencia favorable, que de la razón al denunciante, no es sinónimo más que de haberse dejado una buena suma de dinero en un proceso judicial. Y es que las sentencias también prescriben. Pasados cinco años desde que un juez dictamina el último recurso posible, el demandado tiene un plazo para cumplir lo ordenado por el juez.
En Sanxenxo son muchos los ejemplos en los que la administración local, obligada a hacer cumplir sentencias que le resultan poco ventajosas, juega con el tiempo, esperando que este se ponga de su lado.
Un ejemplo de ello, aunque no el único, es el de Todo Auto Todo Automóvil SL. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revocó en el año 2010 las licencias de primera ocupación y de actividad para la puesta en marcha de una nave-taller en el lugar de Vinquiño, dejándolas sin efecto. La sentencia, que prescribirá a finales de este año, no ha impedido que el establecimiento abriese sus puertas todos los días durante este tiempo.
Garaje Progreso, marca comercial de esta empresa, consiguió en mayo de 2005 la licencia de obra y actividad en base a un proyecto básico, a pesar de que las obras ejecutadas no correspondían con lo presentado. La propia sentencia reconoce que se “modificó la parcela y se redujo su tamaño, trasladando de ubicación la nave y sobrepasando la altura de siete metros la edificación, ubicándose además el tren de lavado en parte del terreno calificado como suelo urbanizable no delimitado”.
Al juez tampoco se le escapa que a pesar de todo ello el arquitecto municipal emite un informe favorable al otorgamiento de licencia de primera ocupación y puesta en funcionamiento.
Este expediente no solo tuvo el respaldo de la Xerencia de Urbanismo, sino también de algún grupo de la oposición. Cabe recordar que la situación irregular de Garaje Progreso fue un tema recurrente para José Luis Rodríguez durante sus cuatro años en la oposición, en los que instó al Gobierno local a realizar una modificación puntual del PXOM que permitiese la legalización de lo construido. Pero no se hizo. Al parecer, jurídicamente no es viable.
La denunciante se encuentra pues en una situación de desamparo, en la que la propia administración la fuerza a continuar invirtiendo dinero en exigir el cumplimiento de una sentencia que es firme desde hace ya casi cinco años.
Pero no en todos los casos la economía del denunciante permite seguir adelante con un proceso que puede dilatarse décadas en el tiempo. Y si transcurre un lustre sin que nadie pida la ejecución de la sentencia, esta prescribe y la vida sigue.
Esta indefensión es compartida por otros denunciantes, por ejemplo, el del edificio Progreso. Sus continuos recursos judiciales, prolongados durante casi una década, le han supuesto un incalculable desembolso. En este caso no hay posibilidad de prescripción, pero el tiempo ha jugado también a favor de la administración.
Y es que diferentes argumentos permitieron ir sorteando la orden de demolición, hasta que una de las últimas modificaciones del Plan Xeral permiten la legalización del Bloque B del edificio. Ahora, falta que el juez decida si el edificio puede permanecer en pie.
Y es que cuando la administración concede una licencia que luego un juez revoca, el propietario podría reclamar una responsabilidad patrimonial. Y ese desembolso incentiva a buscar alternativas.
La lista podría ampliarse al edificio Herpi, al Venus, a los apartamentos Playa Canelas y a alguno más.