Salvemos Pontevedra volverá a solicitar la ejecución de la sentencia de derribo de parte de la fachada del edificio de Construcuatro en Silgar. “Confiamos en la justicia. Hay una sentencia firme ratificada por el Tribunal Supremo que considera ilegal ese edificio y ordena demoler parte del mismo”, asegura su portavoz, Francisco Díaz.

La formación ecologista que está detrás de la denuncia considera que el estudio en detalle para consolidar la fachada del edificio, que la comunidad de propietarios Valle Inclán tramita en el Concello de Sanxenxo y que ya ha logrado la aprobación inicial, es “una huida hacia delante que no va a servir para nada”.

Francisco Díaz no descarta presentar alegaciones al mismo una vez que analice de nuevo el expediente con los asesores jurídicos del colectivo. “Considero que ante un fallo de un alto tribunal no hay figura urbanística que pueda hacer legal un edificio que es ilegal y así lo dictó una sentencia”, apunta. En la misma línea, lamenta el retraso en la ejecución de la sentencia. “Hasta ahora las distintas administraciones han dado cobertura a esta ilegalidad y eso favorece que no se haya ejecutado la sentencia”, apunta.

Tras el anuncio de la aprobación inicial de estudio de detalle para la consolidación de la fachada del edificio en el Diario Oficial de Galicia, el expediente ya se encuentra en exposición pública y así estará un mes para que se puedan realizar las alegaciones  que se consideren oportunas. En todo caso, la aprobación definitiva, de superar este trámite, deberá llevarse a Pleno. Fue en enero de 2004 cuando la asociación Salvemos Pontevedra denunció que el edificio levantado por Construcuatro invadía la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Los abogados de la empresa alegaron en su día la existencia de “divergencias” entre el plano de deslinde provisional de los archivos del Concello de Sanxenxo, el del propio Servicio de Usos del Litoral y el aportado por el denunciante. Costas reconoció posteriormente la validez de los planos del Concello de Sanxenxo, defendidos por la constructora, que diferían de los del denunciante que cifraba la invasión de la franja protegida en  2,30 metros. También el TSXG dio por válida la medida de la administración local en su momento. La denuncia y los recursos a las propuestas de derribos parciales llegaron hasta el Tribunal Supremo que en septiembre de 2016 con una providencia inadmitía el incidente de nulidad presentado por Construcuatro en uno de los últimos intentos por evitar la piqueta. El fallo no se ejecutó por el momento y la propuesta de legalización vuelve a estar sobre la mesa