La justicia echa por tierra las pretensiones del partido político Vox de ilegalizar las protestas contra el mitin electoral que llevó a cabo la formación, con Iván Espinosa de los Monteros como cabeza de cartel, en la campaña de las autonómicas, en julio de 2020.

El acto coincidió en la Praza de Galicia con una concentración en defensa de la sanidad pública, pero desde la denuncia no se hace referencia a esta coincidencia, sino a una supuesta convocatoria de la plataforma Galicia antifascista con el objetivo de reventar su mitin. La denuncia no solo afecta a dicho colectivo, sino al delegado del Gobierno, Javier Losada, al que acusan primero de autorizar la concentración para señalar después todo lo contrario. No es la única contradicción que recoge la sentencia de sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, contra la que no cabe recurso de ningún tipo y que no condena en costas.

Un encuentro bronco

En realidad, el tribunal provincial resuelve un recurso presentado por Vox contra el archivo de la causa decretado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía. El partido político liderado por Santiago Abascal recurrió a los tribunales denunciando una serie de delitos electorales, de alteración del orden público, de omisión del deber de perseguir delitos, de prevaricación y de tráfico de influencias.

El juzgado vilagarciano incoó diligencias en agosto y un mes después decretó el sobreseimiento de la causa, al no percibir ningún tipo de infracción penal en los hechos denunciados.

La Audiencia confirma, uno por uno, los argumentos que se recogen en el auto de archivo y señala, con 

respecto a Vox, que “no efectúa en su denuncia, un relato mínimamente concreto de los hechos acaecidos”.

Durante el mitin de Vox, varias de las personas que acudieron a la concentración en defensa de la sanidad pública mostraron su malestar por la presencia de los de Abascal. La formación denuncia una “violencia que llegó a ser intimidante” y aporta, como una única prueba, un vídeo de twitter en el que, recoge la sentencia, “se percibe a un grupo de personas que increpa a convocantes y asistentes al mitin, sin que se alcance a discernir el contenido de sus expresiones o gritos”. El tribunal señala que, probablemente, dichas personas dirigieran algún “insulto” a los partidarios de Vox, pero que no se aprecia “violencia, intimidación, amenazas ni alteración del orden público”. Los hechos no son tampoco de la gravedad suficiente para suponer un delito electoral, ya que, señala el fallo, no se utilizaron armas ni otros instrumentos de ataque y la propia recurrente reconoce que “el mitin no se llegó a suspender”.

En cuanto a las acusaciones contra el delegado del Gobierno, la sentencia refleja que al carecer los hechos de carácter penal, tampoco hubo omisión del deber de socorro. Recuerda la sentencia que la celebración de concentraciones o manifestaciones sin previa comunicación “no las convierte sin más en delictivas”. Sobre la falta de medidas para garantizar el orden público que achacan desde Vox a Javier Losada, señala el fallo la contradicción de la propia recurrente al señar “que allí estuvieron personados numerosos efectivos policiales".