Una jueza ha archivado las denuncias de la Fiscalía y el PSOE contra Vox por supuesto delito de odio por un cartel sobre menores extranjeros no acompañados al estimar que ha ejercido su derecho a la libertad de expresión en el marco de la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid.

En un auto la jueza de instrucción número 53 de Madrid decreta el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de que los hechos denunciados revistan delito.

En el cartel electoral de Vox se ve en un lado a una anciana y en otro a un niño migrante con el texto "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes" con el lema "Protege Madrid, vota seguro".

A juicio de la magistrada en los mensajes electorales de Vox "no se aprecia la intensidad necesaria para generar un riesgo a los menores extranjeros ni a otros colectivos, requisito que exige la jurisprudencia para que exista un delito de odio".

Explica que el PSOE denuncia aspectos de la campaña de Vox que se refieren fundamentalmente a mensajes de divulgación en carteles, en su web y en las redes sociales Twitter y Facebook sobre extranjeros menores acogidos en España y otros colectivos como inmigrantes que cometan delitos, musulmanes que justifiquen la violencia contra mujeres y homosexuales, bandas callejeras y ocupas.

La jueza fundamenta que "el contexto en el que se producen los hechos, en el marco de la campaña electoral, resulta fundamental como realidad social del tiempo en el que debe aplicarse el Código Penal".

"Los hechos denunciados constituyen el desarrollo, la forma de expresión en campaña electoral de la política de inmigración de Vox, así como la política sobre el delito de usurpación y otras cuestiones", añade.

Agrega que "Vox, como formación política que concurre a las elecciones, propone un programa que incluye una política determinada en materia de inmigración y en clave electoral con el eslogan 'Protege Madrid' publica carteles y difunde mensajes relativos a los menores extranjeros acogidos en España, personas desde luego especialmente vulnerables".

Pero a juicio de la magistrada "el lenguaje directo utilizado en los mensajes, de gran repercusión en los medios de comunicación en el marco de la campaña electoral, no ha creado una situación de peligro y no tienen la aptitud para generar un riesgo que justifique el recurso a la violencia".

Además considera que "en este caso Vox ejercita el derecho a la libertad de expresión al exponer y difundir el programa del partido sobre la política de inmigración, entre otros temas, conforme a lo establecido en la Constitución".

La jueza aclara que no le corresponde analizar si los gastos que figuran en el cartel son reales y señala que es una cuestión que "carece de trascendencia a los efectos de determinar la posible comisión de las infracciones penales denunciadas".

La Fiscalía comunicó los hechos al Juzgado tras recibir a su vez denuncias de los mismos por parte de varias entidades y colectivos.

En concreto por la Dirección General de la Infancia de la Consejería de Políticas Sociales, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Red Acoge, Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, la Asociación Rumiñahui, Movimiento contra la Intolerancia, la Fundación Raíces y la Fundación IBN Battuta.