El Gobierno ha dado luz verde este martes a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.

"Con este proyecto de ley pretendemos superar esta histórica invisibilidad, la estigmatización y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI", ha dicho la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El anteproyecto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno del gobierno de coalición y las críticas de un sector del movimiento feminista que cree que esta ley supone el "borrado de las mujeres".

Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, la aprobación de este proyecto de ley es una muestra de la "fortaleza" del Ejecutivo de coalición y se ha felicitado porque, a pesar de las diferencias, con "negociaciones largas y difíciles", se ha cumplido con el acuerdo de gobierno y han conseguido hacer políticas "que mejoran la vida de la gente y amplían las oportunidades de felicidad de millones de personas".

Montero ha asegurado que, además del colectivo trans y LGTBI, las protagonistas del impulso a esta ley son también las mujeres feministas.

"Esta es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llega ninguna", ha dicho y, con respecto a las críticas de cierto sector del feminismo, ha recordado que siempre que se aprueban leyes de este calado, como la del aborto o la del matrimonio igualitario, hay debate social y oposición, "pero con el paso de los años nadie se reconoce en esas posiciones".

Ha subrayado que con esta legislación España "hace historia". "Es un paso de gigante" en el avance de los derechos de las personas trans y LGTBI y ha agradecido el trabajo realizado tanto por el Ministerio de Justicia, como por el conjunto del Gobierno y los propios colectivos.

Esta ley -ha dicho- muestra la fortaleza de un Gobierno "aliado de las personas trans y LGTBI" y que es capaz de trabajar y hacer políticas "que mejoran la vida de la gente y garantizan su felicidad".

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha afirmado que un Gobierno que se precie debe tener el objetivo de "llevar la felicidad a la sociedad a la que sirve".

"Que hoy haya personas que pueden respirar más tranquilas es motivo suficiente para que este Gobierno se sienta satisfecho", ha dicho Campo.

El titular de Justicia ha agradecido la labor desempeñada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. "Contar con una persona sensible con estos temas es garantía de solidez", ha dicho.

Ha restado importancia a las discrepancias dentro del Gobierno y ha asegurado que Calvo, al cuestionar en su día el cambio de sexo por "mera voluntad o deseo", se hacía eco de la doctrina constitucional, que exige "madurez y estabilidad" para el cambio de sexo.

Ambos ministros han destacado que la nueva legislación sitúa a España a la vanguardia de Europa en un contexto en el que hay un "cuestionamiento profundo" de los derechos de las personas LGTBI.

"El mensaje que como Gobierno queremos mandar a las personas trans y LGTBI es que no están solas", ha enfatizado Irene Montero.

La ley dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil, mientras que a partir de los 14 años cualquier persona podrá hacerlo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos.

De esta manera, la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, y se acaban así los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.

Este fue uno de los principales puntos de fricción entre los socios de gobierno, que finalmente han acordado permitir el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos.

La portavoz del gobierno, preguntada de forma directa sobre si ella apoya la autodeterminación de género, ha señalado que "es partidaria del texto que ha aprobado el Consejo de Ministros".

La ley establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley, ya que las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo.

En este sentido, Campo ha apuntado que la reversión es posible, pero sólo una vez, tras un plazo de al menos seis meses y con una autorización judicial.

La ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.

Garantiza a lesbianas, bisexuales y personas trans el acceso a técnicas de reproducción asistida y modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.

En el caso de los bebés intersexuales, se prohíben las cirugías de modificación genital al nacer y da a los padres un plazo de 12 meses antes de inscribir su sexo en el Registro.