7º-12º
domingo | 20 abril | 2025
A la tercera tampoco fue la vencida. La Audiencia Provincial de Pontevedra intentaba ayer, nuevamente, el arranque del juicio por los 1.700 kilos de cocaína del remolcador Titán III, intervenidos en 2018. Pero, al igual que ya había pasado en febrero y en marzo de este año, el inicio de la vista tuvo que ser aplazado. Si entonces lo fue por bajas de abogados, ayer lo era por la renuncia de un defensor de uno de los 21 procesados.
La renuncia del letrado, en tiempo reciente, y la contratación de uno nuevo provocó que este último no tuviese tiempo suficiente para estudiar y analizar con detenimiento la defensa de su cliente. Dada la complejidad de la causa y el derecho a una defensa con garantías, la sala acordó la suspensión de la sesión, que será retomada el 1 de septiembre.
Será entonces cuando se aborden en esa primera jornada las cuestiones previas que, en principio, iban a resolverse ayer. Si no hay nuevo aplazamiento o imprevisto, una vez superada esa primera sesión, el grueso del juicio tendrá continuidad en las fechas que ya se conocían: Desde el 20 de septiembre y en previsión de continuidad hasta el 1 de octubre.
La Fiscalía señala en su escrito que los encausados “estructuraron sus relaciones” con “un esquema de actuación piramidal” para “participar lucrativamente en la importación de un cargamento de cocaína” llegado a España por mar. Al comienzo de la investigación, existieron indicios de que Manuel Charlín y uno de sus hijos podrían haber participado en los preparativos y la coordinación de un transporte de droga desde Sudamérica. No obstante, al momento de cerrar la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso, de forma que la archivó con respecto a nueve personas, entre las que se encontraban ambos charlines.
El Ministerio Público sostiene que en 2016 tres de los acusados habrían planificado la introducción de un cargamento ilícito.
El 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el abordaje del remolcador ‘Titán III” y se detuvo a sus cuatro tripulantes. En su interior se encontró un cargamento de 1,7 toneladas de cocaína. Al día siguiente se interceptó un segundo barco, el pesquero “Sempre Cacharelos”, a 110 millas del supuesto punto de encuentro “concertado para el trasvase de la droga”. En las siguientes horas se produjeron las detenciones del resto de los investigados.
La Fiscalía pide 9 años de prisión para cuatro de los seis presuntos coordinadores del operativo y 200 millones de euros en multas. Para los otros dos, 12 años de prisión y 340 millones de euros en sanciones y, para el resto de los procesados, solicita penas de entre 10 y 13 años y medio de cárcel, así como multas de entre 200 y 340 millones de euros.
