Por si fueran pocos los problemas de la plantilla de la conservera grovense Thenaisie Provoté, preocupados por el futuro de la empresa y la continuidad de los puestos de trabajo, ahora se suma el enfrentamiento entre sus representantes sindicales, CCOO y CIG, que cada día que pasa ven más alejadas sus posturas.
Las críticas vertidas por la CIG la pasada semana acusando a Comisiones Obreras de ser “o inimigo dentro da casa” y de torpedear dos de las ofertas que podrían salvar la empresa, no sentaron nada bien a estes últimos quienes advirtieron ayer que “estamos estudiando a presentación dunha querella contra a CIG por falsedade de documento público e difamacións”. El secretario de Industria en Arousa por CCOO, Miguel María y el responsable de la Federación de Alimentación e Industria, Francisco Vilar, comparecieron ayer en rueda de prensa acompañados de los representantes del comité de empresa para responder con dureza a las palabras de la representante de la CIG, Rosa Abuín y comunicar públicamente su postura en relación a las ofertas presentadas para la firma grovense.
“Vergonza debería sentir Rosa Abuín e a súa presidenta do comité polas súas malas artes e continuas provocacións, mentiras, difamacións e incitación ao acoso das compañeiras que non fan o que elas queren para buscar o seu propio interese”, replicó Miguel María. En este sentido, respondiendo a la comparativa que hizo la CIG entre Comisiones y el Sindicato Vertical del franquismo, el responsable de Industria tachó de “bajeza moral deplorable” la actitud de Rosa Abuín y afirmó que “a esto se dedica a CIG, a tratar de condicionar a empresas, xuices, profesionais, e atacar a todo aquel que non pensa como eles”. Asimismo, la central sindical ve fines ocultos en los movimientos de la CIG con el conflicto de Thenaisie y advierten que “trataremos de descubrir que hai detrás de toda esta posición que están tomando, tan irresponsable que vai a condenar o futuro de Thenaisie”, señalando a Rosa Abuín como “única resposable”.
Ante la actual situación que atraviesa la conservera, desde Comisiones consideran que “non é sostible” y creen que la firma no aguantará más de tres meses en activo. Estos malos augurios no hacen más que evidenciar la necesidad de apurar el proceso concursal de la conservera y que llegue a manos de una empresa que asuma la inversión que pueda dar continuidad a la firma y sus puestos de trabajo, por ello, CCOO quiere evitar que se judicialice el proceso, ya que de lo contrario, la agónica situación de la conservera se alargará en el tiempo y será más difícil remontar, “se alguén pecha esta fábrica ten nome e apelidos, a Confederación Intersindical Galega, a CIG”, dispara Francisco Vilar.
Su postura, dicen, se basa en la verdad y el respeto a la ley, y es por eso que tras estudiar las ofertas, apuestan por el proyecto de Tomás Guillén, también aprobada por unanimidad de la mayoría de la plantilla, afiliada a CCOO, ya que “sen ningún tipo de dúbida, é a oferta que garantiza o futuro”, añaden. Y es que los responsables sindicales visualizan la propuesta de Guillén como una puesta en marcha paulatina, con trabajadoras entrando de forma escalonada una vez se vaya modernizando las instalaciones y trabajando con productos de valor añadido. Todo lo contrario, dicen, que con las ofertas de Canet y Rías Baixas, que “non cumplen o plan de liquidación e foron presentadas fora de plazo”. Además, explican, las ofertas que defiende la CIG salvaría Thenaisie durante un par de años y después se volvería al mismo punto y peor aún, ya que según CCOO, las máquinas se irían rompiendo por la falta de inversión, los trabajadores estarían en precario y trabajarían con maquilas y productos de baja calidad. “Ese é o modelo que defende a CIG?” pregunta Vilar.
Dejando a un lado los enfrentamientos, CCOO avanza que los administradores concursales resuelven que la única propuesta que cumple con las condiciones del pliego es la de Tomás Guillén y consideran las otras dos propuestas nulas, por lo que ahora el juez deberá dar traslado esta determinación a las partes implicadas que dispondrán de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y a partir de ahí, tomar la decisión final “que non pode ser outra que cumplir coa legalidade”, apunta Francisco Vilar.