El Ministerio del Interior remitió una carta a las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en la que les asegura que el Gobierno no tiene prevista ninguna modificación legislativa para que las condenas cumplidas por los etarras en Francia sean descontadas de las que les resten por cumplir en España.

Con esa carta, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo quiere salir al paso de algunas informaciones que aseguraban que el plan normativo del Gobierno de coalición contemplaba esa posibilidad.

Según la misiva, lo que sí está previsto es una modificación de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, cuyo anteproyecto prepara el Ministerio de Justicia.

Interior consultó al departamento que dirige Pilar Llop para saber el alcance de esa iniciativa y este la ha respondido que el objetivo es transponer una directiva de la Unión Europea que modifica la Decisión Marco sobre el intercambio de información sobre antecedentes penales.

Por ello, Justicia está elaborando un anteproyecto de Ley que modifica la citada ley en cuestiones relacionadas con el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (Ecris).

“Es decir -continua la misiva-, solo en cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros”. Ante ello, Interior dice en su carta que, “en consecuencia, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea”.

Con la transposición de esa directiva, se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales, añade Interior en el referido escrito.

Se trata, por todo lo expuesto con anterioridad, de “promover y agilizar la cooperación jurídica entre los diferentes países en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que se contribuye a la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el seno de la Unión Europea”, finaliza la misiva.