Diferentes tribunales han consultado a acusaciones y defensas cómo afecta la ley de amnistía a las causas relacionadas con el "procés" antes de adoptar una decisión, entre ellos el Supremo, que por el momento mantiene activa la orden nacional de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

La entrada en vigor este martes de la ley de amnistía, que busca perdonar delitos vinculados al "procés" y comprendidos entre 2011 y 2023, no ha despejado la duda de si el líder de Junts podrá volver a España tras casi seis años huido, como también ocurre con dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- y la dirigente de ERC Marta Rovira.

Por el momento, sus órdenes nacionales de detención siguen vigentes, según ha aclarado el juez Pablo Llarena en la providencia en la que, como también han hecho tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha pedido informes a las partes para saber cómo afecta la amnistía a cada caso.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, ha ido un poco más allá y ha abierto la puerta a llevar la norma a la justicia europea, al consultar si procede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre ciertos artículos que podrían oponerse a la interpretación que este tribunal hace del derecho comunitario.

A lo largo de la mañana se han ido anunciando decenas de peticiones de amnistía, entre ellas las de Oriol Junqueras y buena parte de los condenados o procesados, si bien no es el caso de Puigdemont, cuya defensa ha apuntado que prefiere esperar a ver la respuesta de los jueces.

El Supremo: la orden de arresto y la cobertura de la amnistía

Pocas horas después de la entrada en vigor de la ley, el Tribunal Supremo ha consultado a las partes si la amnistía cubre tanto los hechos por los que fue condenada la cúpula del "procés" y sigue procesado Carles Puigdemont y los líderes que huyeron, como el caso Tsunami Democràtic por el que el expresidente catalán está investigado por terrorismo por los disturbios de 2019 en Cataluña.

Aunque la ley de amnistía determina "el inmediato alzamiento de las medidas cautelares", el juez Llarena considera contradictorio un artículo de la norma, y ha pedido también a las partes que se pronuncien al respecto, mientras deja claro que las órdenes de detención dictadas siguen "activas y vigentes".

Les pide asimismo prestar atención a si los delitos de desobediencia o malversación que imputa a Puigdemont entrarían en la amnistía o si "pueden considerarse excluidos" de la norma por considerar que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los preceptos que el legislador dejó fuera del perdón.

Precisamente en este artículo, y en otros cuatro de la ley, ha puesto el foco el Tribunal de Cuentas al dejar en el aire la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al TJUE, y ha suspendido el plazo para dictar la sentencia que debe determinar si más de una treintena de ex altos cargos catalanes tuvieron responsabilidad contable en el desvío de fondos para el "procés".

Las investigaciones por terrorismo vinculadas al "procés"

Después de que la magistrada del Supremo Susana Polo, que investiga a Puigdemont y al diputado catalán Rubén Wagensberg por terrorismo en el caso Tsunami, hiciese su consulta a las partes, desde la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón ha seguido sus pasos.

En una providencia, el magistrado ha dado diez días a las partes para que expliquen si la amnistía cubre los hechos por los que investiga por presunto terrorismo a Marta Rovira y otras personas vinculadas al independentismo catalán.

De las condenas de Mas y Torra a la malversación en el 1-O

El primero en mover ficha y consultar cómo proceder con la amnistía ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene cinco causas relacionadas con el "procés", y que también ha preguntado sobre las condenas a los expresidents Artur Mas -por el 9N- y Quim Torra -por negarse a retirar un lazo amarillo del Palau de la Generalitat-.

El tribunal ha emplazado las partes a posicionarse sobre la revisión de la condenas firmes impuestas por desobediencia a los dos expresidents y también al exconseller y exalcalde de Agramunt (Lleida) Bernat Solé y al exdiputado de la CUP Pau Juvillà. Todas están liquidadas, pero la amnistía puede tener efectos en la cancelación de sus antecedentes penales.

Los jueces del TSJ también recabarán informes sobre si deben amnistiar a los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga, pendientes de juicio por malversación por los preparativos del 1-O. Los tres han pedido a primera hora de la mañana que se les aplique amnistía.

Aluvión de peticiones de amnistía

A lo largo de la mañana, han ido llegando a los tribunales un aluvión de peticiones de implicados en causas que piden la aplicación urgente de la amnistía, entre ellos 37 encausados de ERC.

Desde los condenados por el Supremo -Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Jordi Turull (Junts), que ha sostenido que el perdón es "imperativo"-, hasta los encausados por terrorismo en el caso Tsunami, han pedido a los tribunales que apliquen el perdón.

Peticiones que se han hecho extensibles a causas relacionadas con protestas en las que más de 400 manifestantes esperan ser amnistiados, como la de Adrián Sas, a la espera de entrar en prisión por golpear a dos mossos, mientras que los doce CDR procesados por terrorismo por planear acciones violentas en sedes de Cataluña lo pedirán en una vista más adelante.

Además, el Govern publicará una resolución para amnistiar de oficio los actos sancionados con la "ley mordaza" y habilitará un formulario en su web para quienes que quieran solicitarlo