El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia.

La ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se refirió a ese informe que el Gobierno estudió “con respeto absoluto a las consideraciones” y señaló que se han “incorporado comentarios” para “clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica”.

“El Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades en materia de vivienda y pone a su disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico”, dijo Sánchez.

En la dirección correcta

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también propulsora de la normativa, añadió que la ley “era absolutamente imprescindible para empezar a dar los primeros pasos en la dirección correcta”.

El retraso de la vuelta del texto, aprobado en primera lectura a finales de octubre, al Consejo de Ministros responde a la demora del CGPJ en la emisión de su informe preceptivo.

Sánchez comentó en la rueda de prensa que el Gobierno “entiende las funciones consultivas del CGPJ y cuál es el ámbito que tienen estos informes”, por lo que el documento debía “circunscribirse a esos tres artículos”.

No obstante, tuvieron en cuenta algunas recomendaciones para mejorar la ley, aunque estas no han sido “de carácter sustantivo”. “Esas apreciaciones que han supuesto introducir alguna modificación se refieren a cuestiones para clarificar el entendimiento del Estado para regular esta materia”, comentó la ministra.

Sánchez que aludió al artículo 149 de la Constitución Española, sobre las competencias exclusivas del Estado.

Mientras, el líder del PP, Pablo Casado, arremetió contra la norma que ve "sectaria" y con "endeblez jurídica", al tiempo que "ataca la propiedad privada y el mercado de arrendamiento". Además, alertó al Ejecutivo del "intolerable" crecimiento de la ocupación de viviendas que se está produciendo en España.

El presidente del PP afirmó que el Gobierno ha dado luz verde a esta norma "a sabiendas de que tiene una gran endeblez jurídica, es sectaria y ataca la libertad individual, la propiedad privada y sobre todo el mercado de arrendamiento". A este respecto, indicó que la ley "va a sacar inmuebles dentro de la oferta de alquiler y va a hacer que esa demanda no se vea satisfecha".

Además, señaló que esta norma es "insuficiente" y subrayó que el PP tenía una "alternativa" que no pasa por una norma como la que aprobó el Gobierno.

También censuró el "ataque" del Ejecutivo al Poder Judicial (CGPJ) por el informe preceptivo que realizó sobre esta norma.

Por su parte, profesionales de distintos ámbitos relacionados con el mercado inmobiliario criticaron una norma que consideran innecesaria, que reducirá la oferta y podría elevar los precios del alquiler en vez de rebajarlos.

La Agencia Negociadora del Alquiler recordó que en otros países donde se pusieron en marcha medidas similares no solo no consiguió bajar los precios sino que estos han subido.