El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos etarras como se aplica cualquier otra ley en un Estado de derecho, “con parámetros de legalidad y con el control jurisdiccional oportuno”.

Marlaska respondió con estas palabras al ser preguntado, durante la rueda de prensa para hacer balance de la siniestralidad vial, por el malestar de las víctimas del terrorismo ante los acercamientos de presos de ETA al País Vasco y la concesión de beneficios penitenciarios y también ante las manifestaciones y actos de homenaje a los reclusos.

Tras recordar que mantiene desde hace muchos años una relación muy directa y estrecha con las distintas asociaciones de víctimas, ha querido dejar claro que las víctimas del terrorismo “han sido, son y serán un referente ético” para todos los españoles que se consideran personas de bien, “por circunstancias obvias y objetivas”.

En ese sentido, defendió la normal aplicación de la legislación penitenciaria en un Estado de derecho como el español, “por los podres y de la forma que corresponde y siempre con control jurisdiccional”.

Para hoy, sábado, la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare ha convocado manifestaciones en las tres capitales vascas, Pamplona y Bayona (Francia) para que 2022 sea “decisivo” en el cambio de política penitenciaria hacia los presos de ETA.

Manifestación en Tudela

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, solicitó por escrito al delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, que prohíba la manifestación convocada por Sare para hoy en la localidad navarra a favor de los presos de ETA. Con la carta remitida a Arasti, Toquero (Navarra Suma) se une a la petición realizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para que no se celebre esta manifestación en la ciudad (17.00 horas, plaza San Jaime), al considerar que se trata de una solicitud “justa” y “coherente”.

El primer edil tudelano basa su solicitud en el artículo 61 de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, por la que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente objetos o la realización de las menciones que enaltezcan individual o colectivamente el terrorismo.