El Supremo rechazó todos los recursos, particulares y de los partidos, contra los indultos a los líderes independentistas catalanes en prisión, al estimar la falta de legitimación activa alegada por la Abogacía del Estado.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal adelantó ayer el fallo de los autos, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, tras deliberar las alegaciones previas formuladas por la Abogacía del Estado.

Así, la sala decidó por mayoría estimar la falta de legitimación activa planteada por la Abogacía en los siete recursos contra los nueve indultos de los líderes independentistas, que suman cerca de sesenta recursos, ya que casi todos los recurrentes tienen un procedimiento abierto con nueve expedientes.

Fuentes jurídicas explicaron que la consecuencia de esta decisión será la inadmisión una vez las resoluciones sean firmes, ya que contra los autos que dicte la sala cabe recurso de súplica ante el propio tribunal.

A falta de conocer el contenido de los autos, la sala considera que ninguno de los recurrentes estaba legitimado para oponerse a la medida de gracia concedida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que supone que no entrará a resolver el fondo del asunto, añaden las fuentes.

La legitimación activa para recurrir los indultos era el principal escollo a superar en la mayoría de los recursos antes de entrar en el fondo, porque solo pueden ir al Supremo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos.

La legitimación se podía alegar por la Abogacía al inicio del plazo de contestación a la demanda en las “alegaciones previas” y a partir de aquí el Supremo podía abordarlo cuando lo viera oportuno o resolverlo cuando abordarse el fondo del asunto, es decir, que se dejase para la sentencia, lo que no ha sido el caso.

El PP mostró su respeto por la decisión del Tribunal Supremo pero anunció que impugnará esa decisión ante la propia sala del Supremo y, posteriormente, recurrirá en amparo ante el Constitucional.

En un comunicado, el portavoz de Justicia del PP, Enrique López, reconoce que el PP está “apenado” por una decisión que tomó el Supremo por tres votos a dos.

Destacó que la falta de legitimación “no pone ni un pero” a la crítica política de actos “tan aberrantes” como el perdón concedido por el Gobierno a “unos delincuentes en contra del criterio unánime” de la Sala Segunda del Supremo “sin que hayan pedido perdón y se hayan jactado de que lo volverían a hacer”.

Por tora parte, la Fiscalía pidió ayer una multa de 30.000 euros para la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, a la que acusa de haber burlado la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar la consulta del 9-N . El ministerio público acusa a Ortega de un delito de quebrantamiento de condena, al entender que asumió el cargo de asesora de la Consellería de Empresa y Conocimiento.