El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tendió la mano ayer para un pacto sobre energía en la comunidad autónoma, después de que el portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, le demandase un acuerdo para impulsar “un nuevo modelo eólico” que permita a Galicia desarrollar un plan de crecimiento “ordenado, respetuoso con el medio ambiente y socialmente justo”.

En una sesión marcada por las exigencias de la oposición para que Feijóo aclare su futuro político, el presidente contestó al reto de Álvarez con el ofrecimiento de un pacto “por el aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad que busque la autonomía energética de Galicia y el equilibrio ambiental”.

“Si quieren un pacto por una política energética en la comunidad que busque autonomía energética y el equilibrio climático, tienen la mano tendida de este Gobierno”, esgrimió en una sesión de control en la que defendió una planificación ordenada, además de reivindicar, frente a las críticas socialistas, lo que definió como un modelo eólico “previsible”.

“Legalidad, ingresos en la comunidad, impuestos en Galicia y moratoria durante un año y medio, para no seguir llenando de incongruencias y tensiones el territorio y parar la tramitación de los parques eólicos sin control del Ministerio para la Transición Ecológica”, indicó Feijóo, que recordó que la comunidad puso en marcha una nueva limitación en la distancia de los aerogeneradores y cuenta con el 77,5% del territorio “protegido”.

Alcoa y Ence

Por el contrario, el presidente censuró que el modelo socialista se base en “dejar en la calle a 16.000 trabajadores”, refiriéndose, entre otras cuestiones, al cierre de las cubas de Alcoa, a la incertidumbre de Ence o al cierre de las centrales de ciclo combinado de As Pontes y de Meirama, así como de Alu Ibérica.

Mientras afeó que socialistas y nacionalistas promuevan en el ámbito local y participen en plataformas contra los parques eólicos, esgrimió que el sector en 2020 generó 7.000 empleos directos e indirectos y aportó más de 580 millones de euros al PIB gallego. Todo ello, además de recaudar más de 130 millones anuales en impuestos, tributos y rentas para los propietarios de los terrenos. “Y aspiramos a que estas cifras sean aún mejores”, abundó.

Álvarez, en el polo opuesto, le afeó que la “falta de planificación, de eficacia y de transparencia” del Gobierno gallego en materia eólica “provoca inseguridad jurídica” tanto en los promotores como en los propietarios y censuró la moratoria, antes de apelar a un acuerdo.

Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, cargó contra la Xunta por mantener, pese “al drama” vivido durante la pandemia del coronavirus, “un modelo privado de residencias que hace negocio a costa de las personas mayores y de sus familias”.

Pontón afeó la apuesta por la “privatización” del PP para “beneficiar a empresas amigas como DomusVi” y, enfrente, recordó que el BNG presentó una proposición de ley en la Cámara con propuestas como “centros de menor tamaño, con más personal, un servicio de inspección que inspeccione y más transparencia”.

Feijóo sugirió que el plan del BNG copia al modelo presentado por la propia Xunta e instó a la formación a dejar de aludir a una supuesta “privatización”. Al tiempo, afeó la “externalización” de las plazas durante la etapa del bipartito en Galicia.