El proyecto de Ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisuales de Galicia continúa su tramitación en el Parlamento al tumbar el PPdeG las enmiendas de totalidad del BNG y PSdeG al texto presentado por la Xunta y que recibió críticas de la oposición pero también del Comité de Empresa de la Crtvg y del Colexio de Xornalistas de Galicia.
De hecho, el Comité de Empresa de la Crtvg convocó una huelga de 24 horas para este martes y la plataforma ‘Por unha Crtvg ao Servizo do Pobo’ se concentró ante el Parlamento coincidiendo con el debate de este proyecto de ley, la primera iniciativa debatida en el nuevo período de sesiones.
Pese a las críticas, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, defendió el texto y su tramitación dado que, a su juicio, se realizó mediante un “proceso transparente” que “estimula la búsqueda de consenso” en el nombramiento de los nuevos órganos de dirección.
Calvo aseguró que la norma contempla una “oferta sincera de mano tendida para la elección” de la próxima dirección pese a las críticas de la oposición respecto a la posibilidad de que el PPdeG, con su mayoría absoluta, pueda designar en solitario al nuevo director.
La norma impulsada desde la Xunta, abre la puerta a rebajar el apoyo parlamentario necesario para elegir al director general de la Crtvg, que podrá ser designado con la mayoría absoluta con la que cuenta PP en la Cámara autonómica en tercera votación si antes no se alcanzan los apoyos mediante una mayoría reforzada.
Además, según Calvo, el proyecto de ley blinda la misión fundamental de la promoción, difusión e impulso de la lengua gallega ya que “dar a conocer la identidad cultural” de la comunidad “es y será innegociable”. “Nuestra lengua es nuestro más valioso patrimonio inmaterial y es necesario protegerla a toda costa”, expuso el conselleiro.
De este modo, remarcó que se asegurará el uso del gallego en los programas de la corporación aunque “sin perjuicio de usar adicionalmente otras lenguas” cuando así se justifique pero siempre para producción a emitir “fuera del territorio de Galicia”.
Las portavoces del BNG (Olalla Rodil) y del PSdeG (Silvia Longueira) coincidieron en denunciar que el objetivo de la norma es “tomar por asalto” el control de los medios públicos de Galicia.
Rodil ironizó con el consenso alrededor de la ley que consiguió un “rechazo unánime de organizaciones profesionales y sociales”. Recordó que el BNG presentó una propuesta en la que proponen que el director de la compañía sea elegido mediante un concurso público y que sea evaluado por un comité de expertos.
Longueira cree que el texto deja patente la “falta de democracia del gobierno absolutista del PP”, que busca “negarnos el derecho a recibir información veraz y de calidad”.
Más allá de las críticas al intento de control, la socialista puso el foco en la permisividad respecto a la “externacionalización” de los proyectos audiovisuales, de forma que se garantice que el “dinero público fluya hacia manos amigas”.