Natalia Landín, abogada defensora del exjefe de la Policía Local de Boiro, Manuel Feás, advirtió de un “presunto complot” contra su cliente para apartarlo en el año 2019 del cargo de responsabilidad que ostentaba al frente de  la plantilla policial. Lo hizo durante el informe final que presentó en el último tramo del juicio que se siguió en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña contra el procesado por la supuesta comisión de un delito de prevaricación por irregularidades en la tramitación de multas de tráfico, así como a la conclusión del mismo.

La letrada manifestó que, con independencia de que el tribunal tiene que analizar si realmente se retiraron ilegalmente denuncias de tráfico por el entonces inspector jefe de la Policía Local boirense a familiares, amigos o conocidos, “aquí hubo una actuación extraña, que es una investigación prospectiva en la que los presuntos cabecillas fueron tres agentes que eran subordinados de él y con los que tenía una franca relación de enemistad y un enfrentamiento por cuestiones profesionales y económicas del propio cuerpo policial”, precisó.

Landín Díez afirmó que, después de que Feás estuvo 23 años como jefe de la Policía Local de Boiro, “resulta que, tras investigar en los archivos municipales las miles de multas que se tramitan en Boiro en una década -el funcionario que les daba curso las cifró en 1.500 al año-, encontraron una veintena de boletines de denuncia de los que 11 llegaron al juicio en la Audiencia después de que el juez instructor no les encontró explicación a que se anulasen o no se tramitasen”. 

La abogada de Feás dijo que en la vista oral quedó probado que esas multas tienen explicación pues 9 no contenían foto o era ilegible “y que según el protocolo que tenían en el Ayuntamiento de Boiro tanto por parte del instructor como por el jefe policial para que no se tramitasen las multas sin foto o que fuese ilegible, se entiende que están correctamente no tramitadas”, y subrayó que eso se hacía con independencia de quién fuese la persona multada, “pues hay otras muchas que no se tramitaron pues contenían errores, como no haber puesto la fecha, estar mal la matrícula u otros”, detalló. Respecto a las otras dos multas, dijo que una se impuso cuando el acusado se encontraba de vacaciones, por lo que no es de su responsabilidad, y la otra se probó que fue pagada.

Caza de brujas 
“Es evidente que estamos ante una supuesta caza de brujas para sacarse de medio al señor Feás y lograron su objetivo pues, de hecho, el Ayuntamiento suspendió de empleo y sueldo desde 2019 a mi cliente, que actualmente en una situación de incapacidad”. Y subrayó que, curiosamente, a partir de que se expulsó al inspector jefe uno de los agentes que impulsaron la denuncia contra el ahora procesado “vio cuadruplicados sus emolumentos por horas extras, cuestión que era uno de los motivos de las diferencias entre esos policial y Feás”. 

Landín Diéz indicó que, aunque el tribunal considera que lo que se juzga es únicamente si se está ante un delito por la retirada ilegal de multas, con independencia de los motivos que hubieran subyacido en la denuncia, “quise poner de manifiesto que había una enemistad que debía considerarse a la hora de valorar la declaración de esos agentes”, aunque aclaró que no se estaba enjuiciando a ninguno de esos policías.