Un barbanzano procesado por un delito de agresión sexual, amenazadas graves y lesiones a su hija menor de 16 años, por los que la Fiscalía le pedía 17 años y 11 meses de prisión, y que debía sentarse desde ayer en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial, no ingresará finalmente en la cárcel. Ello fue fruto de un acuerdo de conformidad entre el abogado de la defensa del enjuiciado, el representante del Ministerio Público y el letrado de la acusación particular tras una hora de conversaciones. En virtud del mismo, y a la espera de conocerse sus detalles concretos, que no han trascendido por petición expresa del acusado a su abogado, quien dio traslado de la misma al resto de las partes, se le impuso una pena de dos años de cárcel.

Llamó poderosamente la atención el hecho de que a las nueve y media de la mañana de ayer y durante la hora siguiente no hubiera accedido a la sala de vistas ninguno de los representantes de las partes implicadas -salvo un procurador-, ni los dos acusados, ni la perjudicada, así como tampoco la madre de esta última, ni otro testigo que fuera citado a declarar ayer. Pasadas las 10.30 horas entraron en la sala de vistas con el acuerdo cerrado, y el juicio quedó visto para sentencia, con lo que no se celebrarán las comparecencias previstas para hoy con una decena de testigos y peritos, ni mañana con las lecturas de conclusiones ni informes. 

Evitar riesgos
Así, el acusado, que hasta ahora defendía su inocencia, reconoció haber cometido algunos hechos, que tuvieron como resultado aceptar una condena de dos años de privación de libertad por cargos menores a los inicialmente denunciados. Ello lo hizo para evitar el riesgo que podría suponer la celebración del juicio -en la sala de bodas y a puerta cerrada para proteger a la víctima, que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados- y que se le castigase con casi dos décadas de cárcel tal y como pedían las acusaciones pública y particular. 

La Fiscalía y el abogado de la denunciante estuvieron buscando el encaje jurídico, tanto en el relato de los hechos, la aplicación de atenuantes -como las dilaciones indebidas durante el proceso-, los delitos de que se le acusaba y la pena a imponer para alcanzarse el citado acuerdo, que trae consigo una importante reducción de la condena solicitada. Por la autoridad judicial se acordó la suspensión de la pena acordada finalmente, por lo que el procesado no ingresará en la cárcel, siempre que no reincida en un periodo de tiempo determinado. 

Determinante
Además, en ese acuerdo se recogió, como algo determinante para que se alcanzase el mismo, la petición del abogado de la pareja del procesado, a la que le pedían una condena de cinco años y medio de prisión por un delito de amenazas y otro de lesiones a la menor. En virtud del mismo, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el abogado de la víctima retiraron la acusación contra ella sin necesidad de someterse a enjuiciamiento alguno, quedando fuera del procedimiento penal. 

El procesado fuera acusado inicialmente de agresión sexual a su hija menor de edad, unos hechos que según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía se registraron entre 2010 y 2011, por los que le pedía una condena de 11 años y medio de prisión; y una pena de un año y 11 meses de cárcel por amenazas graves y otros 4 años y medio por lesiones, además  de 7 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena, entre otras medidas. Para su pareja, que vio retirada las acusaciones contra ella, el Ministerio Público solicitaba al principio un año y medio y 4 años de prisión, respectivamente, por amenazas y lesiones presuntamente cometidos con la chiquilla, entre otras medidas.