El Ayuntamiento boirense puso en conocimiento de un juzgado de primera instancia e instrucción de Ribeira la supuesta comisión de un delito por la “emisión irregular” por parte de una técnica de Igualdade de certificados acreditativos de la condición de ser víctimas de violencia para mujeres que integran un grupo de autocuidado, que ella misma impulsó su creación. Así lo dio a conocer ayer tras dar por rematado el expediente abierto para esclarecer los hechos ocurridos a raíz de la denuncia formulada por esas féminas afectadas en relación a la “mala praxe” de una profesional del Centro de Información á Muller (CIM) de Boiro, aunque no se atrevió a calificar esos certificados de “falsos”. Precisó que la referida técnica de Igualdade no estaba adscrita al CIM, ni contaba con la acreditación para realizar las acreditaciones de dicha situación de esas mujeres, ni había expedientes administrativos abiertos que permitiesen comprobar la veracidad de las certificaciones.

La edila de Igualdade. Dores Torrado, manifestó que la Administración local obró de esa manera “por responsabilidade institucional” y “co fin de protexer a estas mulleres que teñen no seu poder certificados irregulares e que poden estar sendo utilizados en procedementos administrativos ou xudiciais sen as garantías xurídicas necesarias, e incluso en contra dos seus propios intereses como mulleres afectadas”, precisó. La concejala, que dijo que esa técnica de Igualdade “emitiu de golpe un montón de certificados a esas mulleres” cuando iba a rematar su contrato y que era sabedora de que su renovación sería “irregular ou ilegal”, manifestó que son “uns feitos gravísimos sen precedentes no Concello de Boiro que, a todas luces, non se axustan a dereito e que poden ser constitutivos de delito, segundo os informes xurídicos que constan no expediente”. 

Por su parte, el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, le recriminó a los partidos de la oposición que hubieran utilizado “con propósito electoralista” ese tema tan delicado, como es la situación de vulnerabilidad de unas mujeres víctimas de violencia machista, antes de garantizar los derechos constitucionales de las partes implicadas “como está a facer este Goberno”, precisó. Lamentó también que hayan prevalecido los intereses laborales y después los políticos “para desacreditar ao Goberno” y con él a todo el personal funcionario municipal “empregando un termo tan grave como “maltrato institucional”. Es por ello que, el mandatario local rogó a esos partidos políticos que recapaciten y que pidan disculpas públicas por el perjuicio causado a los trabajadores del Ayuntamiento “coa posta en entredito da súa profesionalidade e desenvolvemento das súas funcións”. Para rematar y tras decir que van a dejar trabajar a la Justicia y que, a partir de ahí. seguirán todos los trámites precisos para esclarecer los hechos, de los que ya tienen “informes preceptivos”, Romero refirió que se le tomó declaración a la técnica de Igualdade, que les respondió por escrito, “e agora está todo en máns do xulgado”. Respecto a esta última, la edila Dores Torrado indicó que no les respondió a la pregunta que le hicieron en relación al número de certificados que había emitido.

Por otro lado, a raíz do escrito firmado por un grupo de mujeres en rechazo por el trato recibido por profesionales del CIM de Boiro, sus declaraciones ante distintos medios de comunicación, la moción presentada por Iniciativa Cidadá de Boiro (ICBoiro) y el trámite de audiencia iniciado por la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia en relación a esa denuncia, el Ayuntamiento inició el pasado 27 de enero un proceso de investigaciones internas para esclarecer los hechos ocurridos. En primer lugar, desde el equipo de gobierno se indicó que "toda esta problemática xorde a raíz da finalización do contrato laboral dunha traballadora, ao que resulta imposible dar continuidade por motivos legais. Dita traballadora xerou un vínculo moi forte con algunhas das usuarias que, tras a finalización do contrato de traballo, nunca quedaron desatendidas xa que se puxo á súa disposición o servizo de Psicoloxía do CIM para continuar coas actividades que se estaban a levar a cabo, en particular un grupo de autocoidado. O Concello de Boiro nunca puxo impedimento en que as xuntanzas deste grupo se seguiran realizando en espazos municipais, nas mesmas condicións que os demais colectivos do concello, pero nunca se volveron a rexistrar ditas solicitudes".

En relación a las denuncias específicas realizadas por este grupo de mujeres sobre la "mala praxe" recibida en las sesiones individuales y colectivas por parte de una profesional del servicio de Psicoloxía del CIM, el Gobierno local indica que de las 13 mujeres que firman ese documento , y en el que "renuncian de maneira explícita ao servizo", hay siete que nunca fueron atendidas por esa profesional. En este sentido, insiste en que no se le retiró nunca el servizo a ninguna usuaria, sino que fueron ellas las que renunciaron por escrito a la atención psicológica, y que por parte del Ayuntamiento de Boiro se puso a disposición de ellas en todo momento volvieran a recibir ese servicio "sempre e cando se solicite de maneira explícita a súa reincorporación". Desde el Ejecutivo local destacan que durante todo este tiempo el CIM de Boiro siguió prestando su servicio de manera regular con el resto de usuarias," sendo máis de 80 as atencións prestadas polo servizo de Psicoloxía nas últimas sete semanas sen ningún tipo de incidencia ou queixa". Y en cuanta a las denuncias específicas realizadas por parte de ese grupo de mujeres víctimas de violencia de género sobre la psicóloga del CIM, dio a conocer que se le solicitó un informe detallado de las atenciones prestadas tanto en las sesiones individuales como colectivas 

Fin de un contrato en el origen de la polémica

La concejala de Igualdade de Boiro, Dores Torrado, que defendió que el expediente que se inició el 27 de enero para esclarecer lo ocurrido era con todas las garantías jurídicas para las partes implicadas, reiteró lo apuntado hace semanas de que el origen de la polémica fue a raíz de la finalización del contrato de la técnica de Igualdade, insistiendo en que no se le podía dar continuidad según la legislación vigente. Añadió que el grado de vulnerabilidad del grupo de mujeres víctimas de violencia de género y el vínculo emocional que las unía a esa profesional hizo que “nunca chegaran a entender esa situación”, y que el Concello puso a disposición de ellas el servicio psicológico del CIM para no abandonar a ese grupo de autocuidado. Y dijo que el Concello remitió los días 10, 13 y 20 de febrero a la Secretaría Xeral de Igualdade la documentación sobre el asunto dentro del trámite de audiencia otorgado, pero que pasado un mes no recibió contestación, ni observaciones. Romero lamentó “a forma de actuar” de ese departamento al contactar con el portavoz del PP antes que con el Ayuntamiento para comunicar o esclarecer los hechos.