El gobierno de Boiro sacó adelante en solitario la aprobación inicial de un crédito extraordinario con cargo al remanente de tesorería y un reconocimiento extrajudicial de créditos de 299.692 euros para pagar facturas que pendientes de la pasada anualidad. El portavoz del ejecutivo local, Luis Ruiz, sostuvo que si no se abonaron en su momento fue por diferentes motivos, como la falta de crédito o por no dar tiempo a gestionarlas en tiempo y forma, y que con esta tramitación se hace frente a las mismas. 

Desde el BNG, Raquel Suárez indicó que no pueden aprobar esa forma de proceder, máxime cuando el informe de la interventora indica que varios contratos se realizaron sin la licitación previa y, especialmente, se refirió a su conclusión en la que señala que “todas as facturas incluídas no expediente refírense ao gasto realizado sen a consignación orzamentaria necesaria. Cabe destacar ao respecto que esta forma de actuar é totalmente irregular e que, segundo a Lei de Transparencia e Bo Goberno, a adquisición de compromisos sen consignación está cualificado como unha infracción moi grave” sancionada con la destitución e imposibilidad de nombramiento en un periodo entre 5 y 10 años. 

La portavoz de la formación frentista indicó que, pese a que hay facturas con las que se pueda estar de acuerdo al suponer gastos no previstos, en la gran mayoría de ellas  se podía contar con ese gasto, pues se trata de actuaciones de mantenimiento, de electricidad “e outras que se xeneraron sen necesidade algunha, sabendo que non había cartos para pagalas. Le parecieron “un despropósito” realizar gastos de publicidad, espectáculos varios o cáterings, entre otros que considera innecesarios, sobre todo cuando no hay dotación económica. Se refirió en concreto a una factura de 2.693 euros para la compra de cuatro teléfonos móviles y accesorios, como seis cargadores, para miembros del Gobierno, de los que tres tienen un coste de 288 euros cada uno y otro que vale 1.156 euros “co que á persoa que lle tocou non lle fai falta nin vir a traballar ao Concello”, dijo Suárez, quien agregó que esta forma de actuar “non é nova, pois o leva facendo este Goberno cinco anos, porque nunca foi capaz de aprobar un orzamento”.

Ruiz manifestó que no es que en todas las facturas no hubiera dinero para pagarlas, e incluso llevó al pleno la de los teléfonos móviles, “pois me daba na espiña que iban a ir ao fácil”, señaló. El portavoz socialista precisó que esa factura es de julio y que entonces “sobraban os cartos para pagala, pero pode que houbera algún problema con esa factura”. Respecto al celular de mayor precio indicó que es del alcalde, detallando que precisa un aparato de garantías para firmar las tramitaciones que le envían, entre 40 e 50 cada mañana. A esas palabras, la portavoz del BNG reaccionó diciendo que “non entendo nada, e aínda quedei peor do que estaba”. Si la factura era de julio, preguntó por qué no se incluyó en el presupuesto municipal que se aprobó a final de año, en lo que calificó como una “liquidación do gasto”. Y preguntó si el alcalde no firmaba en el anterior mandato o entonces no le hacía falta ese teléfono móvil y ahora sí.

El Gobierno boirense no rectifica el nuevo nombre que se acordó para la calle que los vecinos llaman "Carretera do Muelle, en Escarabote

El equipo de gobierno rechazó la moción que el BNG presentó después de que la respuesta ofrecida por el Gobierno local en el pasado pleno al portavoz de los vecinos de Escarabote que reclaman que se reponga el nombre primitivo de su calle "non foi satisfactoria". Por ello, ante esa negativa, la concejala nacionalista Raquel Suárez, reclamó la recuperación del nombre de la calle “Carretera do Muelle”, y con la que dijo que le da al Ejecutivo local la oportunidad de “emendar o seu erro” del anterior mandato. El BNG sostuvo que se cambió el nombre sin llegar a un consenso ni acuerdo con los vecinos, tomándose una decisión unilateralmente "en sequera informalos, e ise non é o proceder dun bo goberno", precisó.    La portavoz frentista indicó que los vecinos no tienen nada en contra del homenajeado, pero creen que debe mantenerse el nombre de la calle con el que popularmente es conocido, y que puede ponersedosoigiler le  erbmon le nombre a un parque o a un paseo marítimo si no tienen nombre., "pero sen buscar conflito e malestar entre a veciñanza". Y agregó que si se cambia el nombre porno cumplir con la toponimia o por no estar en gallego, lo mismo se podría decir del nombre que se le puso hace unos meses "pois en vez de poñerlle Padre Joseba Beobide debería ser Pai Joseba Beobide se o hai que poñer en galego".   El edil Marcos Fajardo, que dijo entender la parte sentimental de los afectados y las molestias que les ocasiona -les ofreció la ayuda del Gobierno local para lo que precisen en ese sentido-, argumentó su postura de oponerse a la petición tanto de los vecinos afectados como ahora del BNG, tal y como ya había vaticinado el BNG, en cuestiones de normalización lingüística. También dijo que en la aprobación de la denominación de la calle en homenaje al Padre Joseba Beobide se adoptó por 15 votos a favor y dos abstenciones, agregando que "ningún se aprobou cunha maioría tan clara". De igual modo, dijo que nunca se consultó a los vecinos de una calle para poner un nombre, pues de haber sometido a referendum cada uno de los nombramientos de calles, "estarían todos ou case todas sen nome".    Aunque no tuvo turno de réplica, Raquel Suárez aprovechó su intervención en el siguiente punto a debate, que fue la moción del PP sobre la normativa de los gallineros de autoconsumo -fue rechazada por 9 votos en contra y dos abstenciones- para reprocharle al PSOE que tan sólo recurre a la Lei de Normalización Lingüística "cando lle ten conta, porque teñen todo Boiro sinalizado en español, e se algo cambiaron foi porque o BNG llo pediu". El alcalde le llamó la atención por no ceñirse al asunto correspondiente, y se le cortó en repetidas ocasiones el micrófono, provocando que no se le escuchasen sus palabras.