La boirense Alejandra Di Nuovo Gómez, de 31 años, lleva un par de años luchando para que le concedan una discapacidad que no acaba de conseguir o, al menos, en el grado que considera que le corresponde. Esta joven afirma que sufre una retinopatía diabética proliferante bilateral, que le ocasiona una pérdida progresiva de visión, síndrome nefrótico en ambos riñones, E. coli y diabetes tipo 1 muy complicada, y que por ello solicitó dos veces a la Xunta la discapacidad a través de la asistenta social municipal. Recuerda que la primera vez que lo hizo le realizaron la valoración por teléfono con dos preguntas: “qué es lo que te ocurre” y “¿para qué quieres la discapacidad?” y que ella respondió que tiene pérdida de visión en ambos ojos, que en el izquierdo su agudeza visual es poca, pues tiene visión muy borrosa, y el campo visual del derecho es muy reducido.

Alejandra Di Nuovo afirma que esa situación le produce falta de equilibrio, que no mida bien las distancias, no puede abusar de cualquier tipo de pantallas y tiene hipersensibilidad a la luz solar, entre otros efectos. Señala que en el periodo de un mes le debería haber llegado una carta del tribunal médico con la resolución, “pero por un fallo en la Administración pusieron mal la dirección de mi domicilio”. Trascurridos ocho meses después, y ante la falta de la esperada respuesta, decidió buscar el teléfono de la Xunta de Galicia para tener conocimiento del paradero de la misma, y fue entonces cuando un mes más tarde “me llegó la ansiada y esperada carta, pero con la documentación incompleta, en la que me indican que sólo me dan el 13% de discapacidad con carácter definitivo, a pesar de todas las patologías que tengo”.

A raíz de ello, Alejandra Di Nuovo se presentó en el Juzgado de Paz   para solicitar personalmente un abogado de oficio, pero indica que se lo denegaron por documentación incompleta. Una vez que obtuvo los papeles que le faltaban, volvió a solicitar la asistencia de un letrado de oficio, pero en el Juzgado de Paz le comunican que la respuesta a su petición puede tardar entre 12 y 18 meses en producirse, y que era muy probable que no le concedieran el abogado de oficio.

Ante esa situación, esta joven boirense señala que decidió regresar a los Servicios Sociales para solicitar nuevamente la discapacidad “por agravamiento” y que el tribunal médico le responde que rechaza su petición debido a que no se cumple el plazo mínimo de dos años para hacerlo. “Mi situación actual es desesperante, frustrante e, incluso, indignante. Ya no se qué más puedo hacer, ni a donde acudir más. No recibo ningún tipo de ingresos económicos para poder costearme un médico privado, ni tampoco un buen abogado. Tampoco puedo optar a algún puesto de trabajo y es muy duro sufrir todo esto y estar caminando por la calle escondiendo mi realidad tras una careta, riendo y sonriendo y que el único lugar íntimo para llorar en soledad sea la habitación de mi casa”, declaró Alejandra.