En la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña quedó ayer visto para sentencia el juicio contra el exjefe de Policía Local de Boiro, Manuel Feás, acusado de un delito de prevaricación en la tramitación de once multas de tráfico antes de su suspensión en verano de 2019. En la última sesión de dicha vista oral declaró el propio procesado, quien manifestó que no tramitó esas denuncias porque contenían errores y seguía instrucciones del tramitador para no sobrecargar el servicio con multas que acabarían archivándose. 

El acusado aseguró que su principal cometido era la organización interna de la jefatura policial, y que contabilizaba las denuncias y separaba las que debía remitir a la Jefatura Provincial de Tráfico de las que seguían los cauces municipales. Precisó que las primeras las remitía el mismo y que las segundas se las devolvía a los agentes municipales para que cumplimentasen los atestados y añadiesen los elementos necesarios, como fotos. El exjefe policial apuntó que eran sus subordinados los que señalaban si la denuncia iba al Ayuntamiento, a la Jefatura de Tráfico o si era nula, y que las listas de denuncias las hacía él u otros policías. 

Feás declaró que antes de remitir las denuncias al Concello, era necesario comprobar si iban correctas y que “no se mandaban” en el caso de que no hubiera foto o eran ilegibles. “Yo tenía reu­niones con los instructores, que nos daban las pautas a seguir”, indicó el acusado, quien subrayó que el instructor le trasladó que “había mucho volumen de trabajo” y le instó a no remitir aquellas denuncias que estaban incompletas, ya que “iban al archivo”. “Seguía instrucciones de que las que tenían errores no se enviasen”, subrayó, y a preguntas de Fiscalía y de su abogada defensora, Natalia Landín, alegó que él nunca entró a valorar las multas.

Buzón
Además, también declaró una guardia civil de Boiro que indicó que el buzón en el que se introducían las denuncias de tráfico estuvo siempre en una ubicación diferente a la que se encontró la Policía Judicial durante el registro realizado en las dependencias policiales, y que en donde solía era posible que se pudiera acceder a su contenido. También declararon dos presuntos beneficiarios de la no tramitación de denuncias de tráfico, uno de los cuales manifestó que no conocía de nada a Feás y que no se acordaba de la denuncia, y otro, que era hijo del primero, indicó que no sabía por qué lo habían citado a declarar, ni tenía idea de nada. También acudió como testigo una joven que dijo que cuando era novia del hijo de Feás le pusieron una multa por aparcar mal y que le pidió que se la sacase, a lo que él se negó y ella la pagó.

En las conclusiones finales, la Fiscalía, que no presentó escrito de acusación, aseguró que no detecta prevaricación en los hechos que se juzgan y que haberla estaría “prescrita”. Para el fiscal, el procesado es un “mero tramitador” y no hay constancia de que tuviera capacidad de anular multas si no, como mucho, de ocultarlas. “Su posible decisión no se proyectó en una decisión administrativa, y la deslealtad no es lo mismo que una decisión administrativa”, afirmó el fiscal, que apuntó que en caso de que hubiera ocultación de denuncias “puede ser otro delito o llevar consigo un expediente disciplinario, pero no es prevaricación”. Pidió la absolución del acusado.