A Pobra do Caramiñal está cada vez más cerca de conseguir la transferencia de los terrenos de uso vecinal que ocupan actualmente los jardines Valle-Inclán, la Praza Alcalde Segundo Durán y el parque de O Castelo. En la mañana de ayer, Portos de Galicia y el Ayuntamiento pobrense acordaron la propuesta definitiva para la reversión al Estado español de esas superficies situadas en la fachada marítima del casco urbano de la villa y que fueron declarados innecesarios para la actividad portuaria en dicho municipio barbanzano. 
 

Así quedó de manifiesto en la reunión entre el presidente del ente público, José Antonio Álvarez, y el alcalde pobrense, José Carlos Vidal, en la sede del organismo portuario en Santiago, en la que el máximo representante municipal también mostró su interés por la reversión y posterior transferencia del vial que separa los dos primeros espacios, “por se algún día queremos darlle unha continuidade entre eses dous sitios”, manifestó el primer edil. 

En dicho encuentro de trabajo, ambas administraciones consensuaron la delimitación del suelo susceptible de volver a la titularidad de la Administración General del Estado para que esta última se la transfiera al Concello dado su uso vecinal, de carácter público, y no restringido a la actividad portuaria. La propuesta acordada se basa en criterios estrictamente técnicos que fueron ratificados con la Federación Galega de Municipios e Provincias en la reciente reunión entre su presidente, Alberto Varela, y el conselleiro de Mar, Alfonso Villares.

En concreto, en el caso del puerto pobrense los terrenos situados en dominio público portuario que la Xunta propondrá devolver al Estado español para su posterior transferencia al Ayuntamiento son los que acogen los jardines Valle-Inclán, la Praza Alcalde Segundo Durán y el parque de O Castelo. Asimismo, a petición del Ayuntamiento, se une una pequeña zona de uso de aparcamiento, que es la reservada para los autobuses, junto la rampa del varadero y frente a la escuela infantil Fernández Varela. Una vez sea aprobada por el Ejecutivo gallego, la propuesta se remitirá al Ministerio de Transición Ecológica para su tramitación y, en su caso, su aprobación en el Consejo de Ministros.