El segundo y último intento del alcalde de Ribeira por aprobar el presupuesto municipal de 2022, en esta ocasión presentándolo como una proposición de urgencia, no prosperó. Ello se debió a que los once concejales de la oposición, que son mayoría en el pleno de la corporación, mantuvieron la postura de la sesión extraordinaria de hace una semana en que ese documento se presentó por primera vez y fue rechazado. PBBI, BNG y Suma ya dejaran claro que mantendrían su voto en contra, que volvieron a reiterar sus argumentos, y faltaba por desvelarse lo que decidía el PSOE, que se abstuvo en la votación del 21 de noviembre, y que finalmente la mantuvo. Su portavoz, José Manuel Vilas, justificó su voto en que “intentamos chegar ao acordo que tiñamos co Partido Popular, pero non pode ser ese acordo. entonces, vamos a seguir mostrando a nosa postura anterior”.

Según se pudo deducir por las manifestaciones del alcalde y de la portavoz del grupo municipal popular, Mariola Sampedro, se trataba de una decisión tomada por parte de órganos superiores del partido del puño y la rosa, aunque eran conocedores de los esfuerzos de los dos ediles socialistas, a los que al parecer les convencieron el balance de las obras incluidas en su protocolo de gobernabilidad y contraprestaciones que les ofreció el alcalde, como la gestión del 65% del POS, decidiendo inversiones a hacer con ese dinero. Manuel Ruiz, que reconoció su errores, reiteró su ofrecimiento a los grupos políticos de diálogo, al que se refirió Vilas para “exercer boas prácticas dunha oposición leal”, añadiendo que no deberían hipotecar a la próxima corporación con deudas de la actual.

El portavoz socialista manifestó que intentaron hacer cumplir lo que ofrecieron en su programa electoral “co único fin de mellorar a calidade de vida e benestar dos nosos cidadáns. E ese se chama Política con maiúsculas, non politiqueo”. Y dijo que intentaron sacar adelante la RPT y el convenio colectivo, paralizados desde 2009, para dar seguridad a los trabajadores municipales después de años de negociaciones infructuosas, “coa incorporación de novos funcionarios e cumprindo coa instrucción do Goberno de España que sube os salarios aos funcionarios dacordo coa inflación pola guerra de Ucraína. Pero estos condicionantes xa constaban no orzamento de 2021 e non foron sacados adiante”, precisó.